Apenas 10 días después de que Alberto Fernández asumiera como Presidente, las senadoras del Frente de Todos María Catalfamo, Ana Ianni, Nancy González, Ana Almirón y María Inés Pilatti Vergara presentaron un polémico proyecto que buscar eliminar la prisión preventiva en los casos de corrupción, limitar la actividad de los medios de comunicación y de los colegios profesionales, entre otras instituciones.
Para justificar su contenido, la iniciativa califica a los procesos judiciales por casos de corrupción como “verdaderos linchamientos mediáticos”, y señala que las publicaciones en los medios “que pudieran haber afectado la percepción pública respecto del principio de inocencia sobre el afectado" es un motivo suficiente para anular la prisión preventiva.
El proyecto (S-3435/19) fue girado a fines de enero a la comisión de Justicia y Asuntos Penales para su discusión, en el marco de las críticas del kirchnerismo hacia los procesos judiciales en curso contra ex funcionarios y dirigentes sociales.
Si hubiera estado vigente una ley como la que ahora se intenta impulsar, figuras como Julio De Vido, Roberto Baratta, Luis D’Elía, Fernando Esteche, Cesar Milani, Amado Boudou, Milagro Sala y José López no hubieran estado detenidos en forma preventiva. En los tres últimos casos ya hay condenas firmes.
La propia Cristina Kirchner tuvo pedidos de prisión preventiva a raíz de las causas en las que se encuentra procesada, sin embargo el Senado nunca avanzó con el desafuero. La semana pasada, la Cámara Federal de Casación Penal resolvió dejar sin efecto la orden de detención en su contra en el marco de la causa de los cuadernos y ya no pesan sobre ella solicitudes de arresto.
El proyecto enumera nueve condiciones para solicitar la nulidad de las ordenes de detención, entre los que se destacan la “publicación de contenidos por parte de uno o más medios de comunicación masiva que pudieran haber afectado la percepción pública respecto del principio de inocencia sobre el afectado por la resolución”.
En diálogo con Veo Noticias, el abogado penalista Néstor Oroño, indicó al respecto: "Creo que resulta totalmente contradictorio con lo que debe ser la posición del Estado Argentino en la lucha contra la corrupción pública que debería dar pelea a este flagelo que es muy grave".
Por otra parte el doctor en leyes sostiene que la normativa "introduce cuestiones ajenas a lo que deberían ser los parámetros para dictar la preventiva o no y se habla por ejemplo de la repercusión mediática y el linchamiento que sabemos que son discursos políticos que tienden a tomar posición ante determinados medios".
