A once años del conflicto que se desató entre el campo y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner por la Resolución 125, la Justicia reactivó una causa judicial contra los integrantes de la Mesa de Enlance de ese momento y representantes de la oposición, por una protesta que se realizó el 19 de marzo de 2008 en el kilómetro 150 de la Ruta Nacional N°9, a la altura de la ciudad bonaerense de San Pedro, que se había transformado en uno de los puntos centrales de la movilización de los productores agropecuarios.
En las últimas horas, se conoció la noticia de que el Juez Federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, procesó y trabó un embargo de 50 mil pesos , “por haber entorpecido el normal funcionamiento de los transportes de tierra con el reclamo”.
Los procesados son: Eduardo Buzzi, en aquel momento titular de la Federación Agraria Argentina (FAA); Mario Llambías, ex presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA); Luciano Miguens, ex presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA); Hugo Luis Biolcati, ex vicepresidente de esa entidad y Fernando Gioino, ex presidente de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro).
Además, fueron procesados: Silvio Etchehum, referente del Sindicato de la Carne; la ex diputada Margarita Stolbizer; la dirigente María del Carmen Alarcón, que en ese momento conformaba el Grupo Pampa Sur, y Raúl Víctores, ex presidente de la Sociedad Rural de San Pedro.
Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe emitió un comunicado repudiando la decisión de la justicia y se solidarizan con el ex presidente de CRA, Mario Llambías.
"Sorprende a nuestra entidad que a 11 años de los hechos, la Cámara Federal de Rosario haya ordenado al Juez Federal Villafuerte Ruzo que dicte una resolución distinta al sobreseimiento a todos los imputados que dicho juez había emitido en 2017.
Los 11 años transcurridos desde los hechos hasta el dictado de la resolución citada habla más de algunos jueces que de la idoneidad y la templanza de dirigentes rurales como Mario Llambías, que en su rol de Presidente de una institución que cobija a más de 300 entidades rurales diseminadas por todo el territorio nacional, se abocó a proceder conforme sus representados y las circunstancias lo demandaban.
Los hechos de San Pedro refieren a una manifestación legitima de productores rurales para peticionar a las autoridades nacionales de entonces que reviertan una resolución confiscatoria, que perjudicaba a los productores agropecuarios y que atentaba contra las provincias y el federalismo todo", manifestaron desde la entidad.
Fuente: Infobae/ Veo Noticias
