El golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, que dio inicio al autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, fue la última y más violenta interrupción del orden democrático en Argentina, tras décadas de inestabilidad política. Su impacto no solo marcó a una generación, sino que continúa siendo un punto de referencia ineludible para comprender el presente.
Desde la perspectiva de la Historia del Tiempo Presente, este proceso no puede analizarse como un hecho cerrado entre 1976 y 1983, sino como una experiencia que sigue interpelando a la sociedad. La memoria, en este sentido, funciona como un puente entre pasado, presente y futuro, y permite dimensionar la persistencia de sus efectos en la vida política y social del país.
Del retorno de Perón a la crisis
Tras la breve presidencia de Héctor Cámpora, Juan Domingo Perón regresó al poder en 1973 con el objetivo de recomponer el orden político y estabilizar la economía. En ese marco impulsó el Pacto Social, un acuerdo entre empresarios y trabajadores que buscaba contener la inflación y promover la producción nacional.
En una primera etapa, el programa mostró resultados positivos: aumentaron las exportaciones, crecieron las reservas del Banco Central, se desaceleró la inflación y mejoraron los salarios reales. Sin embargo, estos avances se apoyaban en condiciones coyunturales y no lograron sostenerse en el tiempo.
Las dificultades comenzaron a evidenciarse a partir de factores externos, como la crisis del petróleo, y de tensiones internas, especialmente entre la dirigencia sindical y las bases. Tras la muerte de Perón en 1974, el escenario se volvió más incierto bajo la presidencia de María Estela Martínez de Perón, en un contexto de creciente inestabilidad política y económica.
Durante 1975, la situación se agravó con el aumento de la inflación, el deterioro de la balanza de pagos y la reanudación de las negociaciones salariales. En ese marco, el ministro de Economía Celestino Rodrigo impulsó un ajuste que incluyó una fuerte devaluación y suba de tarifas. El episodio, conocido como Rodrigazo, marcó un punto de inflexión y profundizó la crisis.
En este contexto, la historiadora Paula Canelo sostiene que las Fuerzas Armadas se autopercibían como portadoras de un “poder arbitral”, es decir, con la capacidad de intervenir para ordenar el sistema político en momentos de crisis. Esta concepción contribuyó a legitimar su injerencia en la vida institucional del país.
Liberalización económica y represión
La combinación de crisis económica, conflictividad social y debilidad política configuró el escenario previo al golpe. A partir de 1976, la dictadura implementó un programa económico y represivo que transformó profundamente al país.
En el plano económico, el ministro José Alfredo Martínez de Hoz impulsó políticas de apertura comercial, desregulación financiera y endeudamiento externo. Estas medidas favorecieron al sector financiero, mientras que gran parte de la industria nacional se vio afectada por la competencia externa y la caída del consumo.
El modelo derivó en un crecimiento de la especulación financiera y de la deuda externa, acompañado por una caída del salario real y persistentes niveles de inflación. Hacia comienzos de la década de 1980, el esquema evidenció signos de agotamiento, con crisis cambiarias y fuga de capitales.
En paralelo, el régimen desplegó un sistema de represión ilegal conocido como Terrorismo de Estado en Argentina. A través de las Fuerzas Armadas y de seguridad, se llevó adelante un plan sistemático de persecución, secuestro, tortura y desaparición de personas, dirigido contra militantes políticos, sindicales y sociales. Este accionar se desarrolló mediante una red clandestina de centros de detención en todo el país.
“Me secuestraron el menor de tres hijos menores, con un hijito de un año y medio, era militante revolucionario comprometido en un cambio total en el país. Los que realmente me formaron fueron mis tres hijos que fueron militantes; yo tenía mucho miedo porque ellos conversaban mucho conmigo, sabía de la militancia de cada uno de ellos, estaba de acuerdo pero tenía mucho miedo.
Un día nefasto, yo todavía vivía en Concordia, y me avisan que Jorge había desaparecido. De la noche a la mañana fui catapultada a una lucha política, me tuve que hacer política como todas las demás compañeras porque da la casualidad que ninguna de nosotras era de militancia. Tuve que dejar el guardapolvo blanco y cambiarlo por el pañuelo que llevo en la cabeza y me va a acompañar hasta el último día de mi vida“, dijo Celina “Queca” Kofman, una de las referentes de Madres de Plaza de Mayo de Santa Fe.
Guadalupe Verdú relató cómo fue la desaparición de su hermano Luis. “El 18 de agosto de 1977 cumplía 20 años, el 20 de agosto le estábamos festejando el cumpleaños. Fue un almuerzo muy lindo, él estaba muy contento, después de almorzar preparó el mate y llama el teléfono, atiende y nos comunica que dejemos el mate como está porque tenia salir y enseguida volvía. Tomó su bicicleta, se fue y nunca más volvió”.
Aurora su mamá describió sus primeras sensaciones al momento que le informaron de la detención de su hijo: “hubiera preferido que me tragar la tierra en ese momento, hasta hoy casi no tengo lágrimas. Pero sigo buscando a mi hijo y lo seguiré buscando mientras viva“.
El objetivo fue desarticular toda forma de oposición y disciplinar a la sociedad en función del nuevo orden económico y político. La combinación entre estas políticas económicas y represivas configuró uno de los períodos más violentos de la historia argentina.
Canelo sostiene que, en este proceso, el “poder arbitral” de las Fuerzas Armadas se transformó en un “poder corporativo”, orientado a garantizar la impunidad frente a las violaciones a los derechos humanos. Esta mutación evidenció la pérdida de su capacidad de mediación y su progresiva descomposición como actor político.
Mantener vivas las historias de la última dictadura cívico-militar y continuar con la construcción de la memoria colectiva resulta fundamental no solo porque aún persiste la herida abierta de los 30 mil desaparecidos y de los más de 400 nietos apropiados que falta recuperar, sino también porque sectores del poder civil y eclesiástico que fueron cómplices de las Fuerzas Armadas continúan presentes en la escena política, económica y mediática actual.
