Al cumplirse dos meses del fallecimiento de Mauro Daniel González, el caso vuelve a cobrar fuerza en la agenda pública de Santa Fe, impulsado por el reclamo de su familia, que insiste en que se trató de un hecho de violencia institucional y exige el esclarecimiento de lo ocurrido.
González, de 35 años y vecino de barrio Yapeyú, fue encontrado muerto en la madrugada del 18 de enero dentro de una celda de la Comisaría 8ª, horas después de haber sido detenido en un operativo que, según reconstruyen sus allegados, estuvo marcado por irregularidades y un uso excesivo de la fuerza.
Sus hermanos —Romina, Natalia y Lucas— se presentaron como querellantes en la causa, con el patrocinio del abogado Rodolfo Mingarini, y desde entonces buscan impulsar una investigación que, aseguran, “avanza con lentitud”. “A nuestro hermano lo mataron”, sostienen con firmeza.
De acuerdo al relato familiar, la detención ocurrió el sábado por la tarde frente a la vivienda de González, en inmediaciones de Hermanos Figueroa y Chaco. Testigos afirman que fue reducido violentamente por efectivos policiales, pese a que no habría ofrecido resistencia. La intervención se habría originado por un llamado al 911 que alertaba sobre disturbios en la vía pública.
La reconstrucción posterior describe una secuencia de traslados en la que González habría sido golpeado en distintos puntos de la ciudad. Según esta versión, llegó en estado crítico a dependencias policiales, sin poder moverse por sus propios medios.
Siempre según la querella, la autopsia reveló múltiples lesiones en todo el cuerpo, compatibles con agresiones sufridas cuando aún estaba con vida. La causa, inicialmente caratulada como “muerte dudosa”, pasó a la órbita de la Unidad de Violencia Institucional del Ministerio Público de la Acusación.
Otro de los puntos que genera cuestionamientos es que, pese a que la fiscalía había ordenado su liberación la noche del sábado, González permaneció detenido hasta la madrugada siguiente, cuando se constató su fallecimiento. La familia también denuncia que no se solicitó asistencia médica a tiempo.
En este contexto, sus allegados expresan preocupación por la falta de medidas contra los efectivos involucrados. “No entendemos cómo siguen trabajando con normalidad”, señalaron, al tiempo que remarcaron el impacto del caso en el entorno familiar: González era padre de cinco hijos.
Para la querella, el expediente presenta similitudes con otros antecedentes de violencia policial en la provincia, como el caso de Franco Casco, lo que refuerza el pedido de una investigación exhaustiva e imparcial.
A dos meses de su muerte, el reclamo sigue vigente: la familia exige respuestas, justicia y que se determinen las responsabilidades en un caso que, aseguran, “no puede quedar impune”.
