La polémica que se abrió por la resolución de la ANSeS, que reclamó de manera formal que más de 200 jueces definan si se jubilan o no. La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional denunció presiones por parte del gobierno nacional y ya decidió judicializar el tema.
La situación que intranquiliza a los jueces, fiscales y funcionarios con edad de jubilarse surge a partir de la resolución que fija un “procedimiento de trabajo que regule la iniciación, resolución, liquidación, puesta al pago y reajuste de beneficios solicitados” por jueces, fiscales y funcionarios del Poder Judicial.
En este contexto, la abogada Mariela Uberti, especialista en derecho constitucional, advirtió que "abandonar un juzgado acogiéndose al beneficio de la jubilación es una decisión personal del magistrado. Mientras que cubrir su cargo es un procedimiento largo que requiere un concurso público de oposición y antecedentes".
Uberti agregó que "la constitución es muy clara cuando establece el sistema de frenos y contrapesos. El equilibrio en estos procedimiento marca que no tiene que haber una incidencia del poder político en la designación de un funcionario que tiene que cumplir su rol de la manera más abstracta posible".