La AFIP inició una auditoría interna para establecer por qué motivo la información sobre miles de cuentas de argentinos en el exterior no declaradas fue ocultada por las autoridades del organismo recaudador durante la era Cambiemos. La decisión de Mercedes Marcó del Pont apunta a desentrañar qué ocurrió entre diciembre de 2017 y el desembarco de la actual gestión cuando detectaron que nunca se había desencriptado información proporcionada por la OCDE, en un proceso en el que hasta se intervino sobre el software destinado a identificar a esos contribuyentes.
Según informa Ámbito Financiero, el informe de auditoría quedó bajo el área de la AFIP que conserva la misma estructura e integración que cuando la comandaba Néstor Sosa, bajo la gestión de Alberto Abad, apuntados como los principales responsables de que esa información sobre 950 cuentas que superan el millón de dólares nunca fuese investigada.
En paralelo a la investigación judicial que encabeza el fiscal federal Federico Delgado y que ya involucra tanto a Abad como a su sucesor Leandro Cuccioli, la AFIP ordenó avanzar con un informe respecto al recorrido que tuvo la información de la OCDE para establecer su trazabilidad.
Para este tema ya había levantado la feria fiscal para avanzar en las fiscalizaciones de los involucrados. Marcó del Pont encargó la tarea a la Subdirección de Auditoría ahora a cargo de la contadora Gabriela Camiletti, la única funcionaria que nombró la actual gestión cuando Sosa -de quien se sospechan múltiples irregularidades que se investigan en distintos expedientes judiciales- fue desplazado.
La propusieron para el cargo los auditores generales de la Nación Javier Fernández y Juan Ignacio Forlón. Pero los tres directores que dependen de ella -y sobre los que, en definitiva, recaerá la responsabilidad de auditar qué ocurrió con la información de la OCDE- llegaron de la mano de Sosa.
Se trata de Pedro Ocamica, a cargo de auditoría de procesos operativos; Mariano Rodríguez, encargado de auditar procesos centrales; y de Cristian Ingrata, auditor de procesos legales. Los tres fueron ratificados en sus cargos por Camiletti, lo que les permitió una inédita continuidad entre gestiones.
La vigencia del alto funcionariado desde la gestión Abad continúa extendiéndose debajo de cada dirección con jefes de departamento y división que fueron traídos por la gestión de Sosa. Son 18 cargos que se repiten desde que Cambiemos los colocó allí hasta ahora.
El 3 de enero de 2018, Ámbito Financiero reveló que hubo una reunión convocada por Abad, con intervención de Sosa y de Marcelo Costa. Allí se solicitaron las copias impresas de los primeros “CUIT” identificados de la información relevada por la OCDE.
Se había desarrollado un sistema informático especial para ubicarlos en la base de datos local. El 5 de enero de ese mismo año, el área de Sistemas por instrucción de Sandra Rouget procedió al borrado del usuario que había hecho las detecciones de las identidades de los contribuyentes. Esa área había quedado bajo el comando de Sosa, hoy con licencia de la AFIP. Luego, por “recomendación” de auditoría, se “acortó” el software para que ningún operador de la Dirección de Fiscalidad Internacional que trabajaba con los datos pudiera ver a quiénes correspondían. Auditoría estaba bajo el mando del mismo funcionario.
Se presume que el único movimiento que hizo Abad y Cuccioli fue fiscalizar sobre 400 de esos registros aportados por OCDE, sin que ninguno coincida con los que se acogieron al blanqueo. Eso hubiese hecho caer el beneficio que generaba la exteriorización y no hubiese exceptuado a los identificados de sus responsabilidades penales.
Fuente: Minuto Uno
