La situación salarial y presupuestaria de las universidades nacionales atraviesa un momento crítico. De acuerdo con un informe reciente, durante la actual gestión de gobierno los salarios de docentes y nodocentes universitarios registraron una pérdida de poder adquisitivo cercana al 30%, una caída que más que duplica la registrada por el conjunto de los trabajadores del sector público y que contrasta con la evolución del sector privado, donde el deterioro real fue mínimo.
El impacto de esta pérdida ubica a los salarios universitarios en niveles incluso inferiores a los de 2002, con una caída acumulada de aproximadamente 40% respecto de su punto máximo alcanzado en 2011. Desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) advirtieron que el escenario es “insostenible”: actualmente, más del 70% de los trabajadores universitarios percibe ingresos por debajo de la línea de pobreza.
A la crisis salarial se suma el fuerte ajuste presupuestario. Según el relevamiento, el presupuesto asignado a las universidades para 2025 representa solo el 50% de lo necesario para su funcionamiento, lo que ya se traduce en una reducción significativa de actividades académicas, de investigación y de extensión. En términos macroeconómicos, mientras la Ley de Financiamiento Universitario impulsada por el CIN propone destinar al menos el 1% del PBI al sistema, el proyecto presupuestario del Gobierno asigna apenas el 0,49%, incluso por debajo del nivel del año anterior.
El recorte también se refleja en áreas clave: entre 2023 y 2024, la inversión en capital cayó un 84%, mientras que las becas estudiantiles sufrieron una reducción del 81%, afectando de manera directa las posibilidades de permanencia y acceso a la educación superior.
El Proyecto de Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria planteaba una recomposición progresiva del presupuesto hasta alcanzar el 1,5% del PBI en 2031, con un impacto fiscal acotado: la recomposición salarial implicaba apenas el 0,072% del PBI. Frente al argumento oficial de que la ley no establece fuentes de financiamiento, desde el ámbito universitario recuerdan que la prórroga del presupuesto obliga al Poder Ejecutivo a garantizar la continuidad de los servicios esenciales, incorporando las partidas necesarias.
Desde el sistema universitario advierten que no se trata de un nuevo gasto, sino de actualizar salarios, sostener el funcionamiento básico y garantizar becas, en defensa de una educación pública que cumple funciones indelegables para el desarrollo del país.
