La Justicia ordenó este viernes allanamientos en las dos principales sedes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), ubicadas en la calle Viamonte de la Ciudad de Buenos Aires y en el predio de Ezeiza. Los procedimientos estuvieron a cargo de efectivos de Prefectura Naval y fueron dispuestos por el juez Adrián González Charvay.
Durante los operativos, los investigadores buscaron documentación vinculada a contratos firmados entre la AFA y la firma TourProdEnter LLC, empresa encargada de gestionar negocios internacionales relacionados con la Selección argentina.
En particular, el foco estuvo puesto en acuerdos comerciales, patrocinio, organización de eventos y la administración de ingresos en el exterior, ya que la firma actuaba como agente exclusivo de cobro fuera del país. Según consta en la causa, la empresa percibía comisiones que incluían un 30% por intermediación y un 10% adicional por tareas logísticas.
Además, se intentó recolectar información contable y administrativa que permita reconstruir el origen de fondos bajo sospecha, en especial aquellos que habrían sido utilizados para la compra de una propiedad en Pilar valuada en unos 17 millones de dólares.
La investigación también se vincula con una denuncia presentada por dirigentes de la Coalición Cívica, que advierte sobre la posible existencia de una red de intermediarios financieros que habría canalizado importantes sumas de dinero fuera del sistema bancario argentino entre 2021 y 2025.
En paralelo, se analizan movimientos financieros detectados en documentación aportada por la Justicia de Estados Unidos, que incluirían transferencias hacia sociedades vinculadas a dirigentes de la AFA.
El expediente se tramita en distintos juzgados, entre ellos el de Campana, el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora y un juzgado nacional en lo Criminal y Correccional. En ese marco, el juez González Charvay impulsó la unificación de las causas para evitar superposiciones.
Por otro lado, la Cámara Federal de Casación Penal deberá definir en las próximas semanas qué tribunal continuará al frente de la investigación, en medio de una disputa por la competencia judicial del caso.
La causa gira en torno a la trazabilidad de fondos y posibles irregularidades en operaciones vinculadas al fútbol profesional, con especial atención en la adquisición de bienes y el circuito financiero utilizado.
