El Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe inició acciones administrativas para recuperar los costos generados por operativos policiales ante amenazas a establecimientos educativos. Según informaron fuentes oficiales, ya se enviaron 39 notificaciones a personas identificadas en el marco de 32 casos registrados en la región centro-norte de la provincia.
La medida apunta al cobro de gastos que, de acuerdo a estimaciones oficiales, alcanzan los 200 millones de pesos. Este procedimiento se desarrolla de manera independiente a la investigación penal que lleva adelante el Ministerio Público de la Acusación (MPA), organismo que identificó hasta el momento a 73 presuntos autores de las amenazas.
Desde el área legal de la cartera de Seguridad indicaron que las intimaciones están dirigidas a los adultos responsables, más allá de la edad de quienes habrían realizado las amenazas. El objetivo es avanzar en la recuperación de los costos que implicaron los despliegues policiales y operativos preventivos en cada caso.
Los montos reclamados varían según las características de cada intervención. Fuentes oficiales señalaron que parten de una base estimada de entre 5 y 6 millones de pesos por operativo, aunque en algunos casos pueden superar los 11 millones, dependiendo de los recursos movilizados y la extensión territorial.
En paralelo, el MPA continúa con las investigaciones para determinar responsabilidades penales en los hechos denunciados. Desde el Gobierno provincial señalaron que ambos procesos —el judicial y el administrativo— se desarrollan de manera articulada, aunque con objetivos distintos: esclarecer los episodios y, por otra parte, recuperar los fondos públicos utilizados en los operativos.
