La posibilidad de que el Congreso convalide la anulación del DNU 70/23 reabrió el debate sobre el marco legal de los alquileres en Argentina. De concretarse el rechazo al decreto, quedaría sin efecto la desregulación actual y volvería a cobrar vigencia la anterior Ley de Alquileres, un escenario que enciende alertas en el sector inmobiliario de Santa Fe.
Desde la Cámara de Inmobiliarias de Santa Fe, su presidente, Walter Govone, analizó el impacto que generaría un retorno al esquema legal previo y advirtió sobre las consecuencias negativas para ambas partes del contrato.
Un retroceso que golpearía la oferta de inmuebles
Govone remarcó que la derogación de la Ley de Alquileres mediante el DNU permitió una rápida recuperación del mercado, aumentando la oferta de propiedades y estabilizando los precios. Un cambio de reglas de juego, según explicó, desarmaría ese escenario favorable: “Creemos que si llegase a caerse el DNU o tener que tratar de nuevo cada una de las leyes en particular, no generaría una buena situación en el mercado inmobiliario relacionado a alquileres, porque se volvería atrás a la ley que fue derogada, en la cual establecía muchas condiciones que precisamente el mercado rápidamente mostró que no las aceptaba”.
En ese sentido, destacó la contraposición entre el contexto previo y el actual: “A partir de la generación del DNU hubo muchísimas propiedades que se volcaron al mercado de alquileres, mejoró mucho la oferta, se controló el valor de los alquileres, se puede negociar y pactar libremente no solamente la forma de pago, la moneda de pago, el tiempo que se puede hacer un contrato, las actualizaciones”.
¿Qué cambiaría para los propietarios?
De anularse el DNU y retornar a la norma anterior, los propietarios volverían a enfrentar regulaciones estrictas, entre ellas la obligación de firmar contratos con un plazo mínimo de 3 años e índices de actualización fijos y distanciados en el tiempo.
“Retrotraería todo atrás y generaría, a nuestro entender, una situación bastante compleja y que no favorecería ni al propietario, porque seguramente retraería las propiedades, y a quien necesita alquilar se vería con una menor oferta en el mercado como sucedió antes de la generación del DNU. Ningún propietario que pone un inmueble en alquiler quiere ver disminuido sus ingresos en un 100% en el término de seis meses”, agregó Govone al recordar las distorsiones que provocaba la inflación bajo el régimen anterior.
¿Qué cambiaría para los inquilinos?
Aunque algunos sectores de inquilinos sostienen que la ley anterior otorgaba mayores certezas, desde el colegio profesional remarcan que la flexibilidad vigente permite adaptar los contratos a las necesidades reales de los locatarios, especialmente en ciudades con alto perfil universitario como Santa Fe.
“Hoy se adecua, por ejemplo, el plazo en función a sus necesidades, no tiene que ser un plazo único de 3 años. Hay chicos que vienen a estudiar a Santa Fe, vienen en marzo y quieren alquilar hasta diciembre y pueden hacer un contrato por 9 meses, y hoy la ley no lo impide. Al haber una mayor oferta se ha regulado muchísimo el monto de los precios de ofrecimiento. Hoy la persona que necesita salir a alquilar un inmueble tiene la disponibilidad de buscar lugar, precio, comodidades, amenities en el caso que sean edificios; anteriormente no había nada de eso”, concluyó el titular de la cámara.
