La causa se cerró el 8 de marzo de 2019, el último año de gestión socialista en el gobierno de la provincia, y de acuerdo a los testimonios que se volcaron en las audiencias, fue por orden del exfiscal regional Patricio Serjal.
La decisión fue trasladada por el fiscal de San Lorenzo, Juan Carlos Ledesma, al juez Juan José Tutau. Sin embargo, el fallo no cuestiona el accionar de Tutau: considera que ordenó la medida porque le ocultaron información.
Por este caso se encuentran imputados por incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento el propio Serjal y el ex fiscal Gustavo Luzzini, quien se desempeñó como secretario de Estado adjunto en el gobierno de Miguel Lifschitz.
De acuerdo a los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery -quienes llevaron adelante la investigación y pidieron la nulidad del cierre de la causa-, Serjal y Luzzini actuaron para favorecer los intereses del dueño de la empresa, el empresario Sergio Taselli. “El Estado no puede archivar una causa de esta forma”, dijo Schiappa Pietra en su alegato. La defensa de la empresa había apelado al concepto de cosa juzgada.
El juicio oral se desarrolló en los tribunales de Rosario durante cuatro audiencias y posteriormente se escucharon los alegatos de las partes. En el transcurso de las audiencias prestaron testimonio el fiscal general de la provincia, Jorge Blacini; el exfiscal de Estado, Pablo Saccone; el exsecretario de Medio Ambiente del Frente Progresista, César Mackler; el fiscal Juan Carlos Ledesma y el juez Tutau, entre otros.
En su declaración, Serjal dijo que fue hablando con Baclini -quien era su superior- sobre las determinaciones que se iban adoptando y sugirió que éste estuvo de acuerdo en aplicar el criterio de oportunidad, el argumento jurídico al que se apeló para cerrar la causa.
La investigación que llevaron adelante los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery terminó con una denuncia contra los dueños de la empresa por “contaminar dolosamente de un modo peligroso para la salud y el medio ambiente con residuos peligrosos”. Se presume que en la planta había sustancias contaminantes como amoníaco, amianto y ácido sulfúrico y que la ex Petroquímica Bermúdez no tomó ninguna medida para evitar el grave daño ambiental que estaba produciendo. Para los delitos de esta naturaleza las penas oscilan entre tres y diez años; si por causa de esos delitos se produce una muerte, pueden llegar a 25 años.
En el transcurso del juicio quedó claro que el gobierno del Frente Progresista detectó que la exPetroquímica no cumplía con los estándares de seguridad y estaba contaminando; varios testimonios de funcionarios provinciales de ese momento, entre ellos Saccone y Mackler, revelaron detalles que eran desconocidos; por ejemplo, admitieron que el gobierno de Lifschitz y la ex Petroquímica firmaron varios convenios para que la planta realizara un cerrado seguro y dejara de contaminar, no obstante dijeron que esos convenios “no se cumplían o se cumplían sólo en parte”. Es decir, la contaminación no se detuvo pese a que las autoridades sabían lo que estaba sucediendo.
El fallo que se conoció este martes sostiene que “con todo lo que significa el grado de contaminación existente al momento de aquella resolución, está en juego el interés de toda la comunidad, pero no solamente de Capitán Bermúdez sino de toda la región” y agrega: “El Tribunal como último eslabón de una cadena llamada Justicia, no puede aceptar que la investigación no se siga adelante en torno a estas acciones que violentan bienes jurídicos colectivos, supraindividuales, que están por encima de cualquier protección individual que se intente hacer valer, para determinar quién tiene la responsabilidad, sin dejar de mencionar que esta contaminación había comenzado mucho tiempo atrás”.
También sostiene que “resulta claro a partir de las declaraciones de (el juez) Tutau que no se le expusieron las circunstancias claras” antes de que ordenara el cierre de la causa. “En tal sentido, si la resolución ha sido dictada como resultado de un proceso en el que se ha producido un vicio fundamental que trae como consecuencia que no trasluce la verdad jurídica subyacente, esa resolución no puede ampararse en la seguridad jurídica de cosa juzgada para permanecer inalterable, debiendo la instancia judicial ser el camino para buscar la verdad histórica y con ella encontrar la verdadera administración de justicia”.
En su alegato, los fiscales Schiappa Pietra y Edery pusieron en evidencia que el cierre de la causa fue una decisión que tuvo la finalidad de favorecer los intereses de la empresa. “Los funcionarios quisieron sacarse el problema de encima”, sostuvo Edery. “La empresa nunca cumplió nada; el predio de la ex Petroquímica es un lugar contaminado”. Los fiscales aseguraron que no se tuvo en cuenta la salud pública y revelaron que no se indagó sobre un escape de gas cloro en el que se habían desmayado veinte nenas de la escuela Nuestra Señora de los Milagros.
Schiappa Pietra también consideró que Luzzini -en ese momento fiscal de Estado adjunto- “decidió que no debía perseguirse penalmente un acto por el cual se contaminaron las napas y afectó la boca de toma de agua de Bermúdez”. También aseguró que cuando se le transmitió la orden de cerrar la causa al juez Tutau se le ocultó información, mirada con la que concuerda el fallo del juez Gazza.
