El Ministerio Público de la Acusación (MPA) confirmó que apelará la decisión judicial que permitió recuperar la libertad a una mujer investigada por intentar quemar viva a otra en la ciudad de Santa Fe. La medida fue anticipada por la fiscal María Laura Urquiza, quien consideró insuficiente el fallo del juez Martín Torres tras la audiencia de medidas cautelares.
La imputada, una mujer de 43 años identificada por las iniciales GEF, es investigada por tentativa de homicidio y amenazas. Si bien el magistrado dio por acreditada la materialidad del hecho y la posible autoría, resolvió imponer medidas no privativas de la libertad, como la prohibición de contacto, en lugar de la prisión preventiva solicitada por la fiscalía.
Un ataque con nafta y encendedor
El hecho que motivó la investigación ocurrió el jueves de la semana pasada, cerca de las 16:30, en una vivienda de la zona norte de la capital provincial. Según relató la fiscal Urquiza, la imputada se presentó en el domicilio de la víctima con un bidón de cinco litros de combustible.
“Con la intención de matarla, le arrojó el contenido de un bidón de nafta que había llevado consigo para ello, le acercó un encendedor e intentó hacer chispa”, detalló la funcionaria del MPA. La tragedia no se consumó gracias a la rápida intervención de dos hermanas de la víctima, quienes se interpusieron para evitar el fuego y retuvieron a la agresora hasta la llegada de la policía.
Riesgo para la víctima
Desde la Fiscalía advirtieron sobre el peligro que implica la libertad de la acusada. Urquiza sostuvo que el ilícito fue “gravísimo” y remarcó que “la preventiva es la única forma de resguardar de manera efectiva los intereses, la vida y la integridad de la mujer atacada”.
Para el MPA, las prohibiciones de acercamiento dictadas por el juez resultan insuficientes dado el contexto violento del caso. Además, se destacó que la pena en expectativa para este tipo de delitos es de prisión de cumplimiento efectivo.
Antecedentes de amenazas
La investigación reveló un historial de violencia previo. En octubre del año pasado, la imputada ya había amenazado de muerte a una de las personas que intervino para frenar el ataque.
Según la evidencia recolectada, mediante llamadas y mensajes de WhatsApp, la agresora había advertido que prendería fuego a la mujer y a su grupo familiar, mencionando explícitamente que utilizaría bidones de combustible que tenía en su poder.
