La deuda de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) seguirá teniendo un peso significativo en las finanzas públicas durante los próximos años. Según cifras oficiales del organismo, el país deberá afrontar pagos de intereses por aproximadamente USD 13.500 millones entre 2026 y 2030, en un contexto marcado por la negociación constante con los organismos internacionales y la fragilidad de las reservas.
De acuerdo con los datos del propio FMI y del Banco Central, el monto estimado en concepto de intereses se ubica en USD 13.432 millones, calculados en base a la cotización actual de los Derechos Especiales de Giro (DEG), la moneda utilizada por el organismo multilateral. Al cierre de 2025, la deuda total de la Argentina con el Fondo alcanzaba los USD 57.100 millones, consolidándose como el principal acreedor externo del país.
El esquema de pagos prevé una mayor carga de intereses durante el trienio 2026–2028, período en el que se concentrará el mayor esfuerzo financiero. Para dimensionar el impacto, entre 2018 y 2025 —un lapso de siete años— el Estado argentino ya habrá abonado USD 14.773 millones solo en intereses, una cifra superior a la proyectada para los próximos cinco años.
En el corto plazo, 2026 se presenta como un año particularmente exigente. Para ese ejercicio, la Argentina deberá enfrentar vencimientos de capital e intereses por alrededor de USD 4.400 millones con el FMI. Parte de esos compromisos podrían ser cubiertos si se concretan los desembolsos pendientes del acuerdo por USD 20.000 millones firmado en abril de 2025, aunque el próximo pago relevante llegará el 1 de febrero, con una cuota cercana a los USD 830 millones en intereses.
Desde el otorgamiento del crédito extraordinario en 2018, durante la presidencia de Mauricio Macri, la deuda fue reestructurada bajo el gobierno de Alberto Fernández y luego continuó incrementándose durante la gestión de Javier Milei. Si bien el esquema actual prevé una reducción gradual del peso de los intereses, ese escenario podría modificarse si el FMI aprueba nuevos desembolsos, aún pendientes por más de USD 5.000 millones, lo que implicaría una ampliación tanto del stock de deuda como de los plazos de pago.
El panorama financiero se complejiza al observar el conjunto de obligaciones externas para 2026, que rondan los USD 18.000 millones, incluyendo compromisos con bonistas privados, el Club de París y otros organismos internacionales. Todo esto ocurre en un contexto de reservas netas prácticamente nulas, déficit de cuenta corriente y una estacionalidad adversa en el ingreso de divisas.
