La diputada provincial Natalia Armas Belavi expresó su profunda preocupación por la situación de salud mental que atraviesa la Policía de Santa Fe, alertando que las cifras oficiales de agentes bajo tratamiento podrían estar subestimadas. Según la legisladora, si bien existen protocolos para cadetes y personal que se reintegra tras licencias médicas, el seguimiento profesional durante el período de actividad es prácticamente inexistente. “Aquel que acude a una consulta entra en un protocolo, pero el problema es cuántos no acceden y terminan en situaciones trágicas, como los cuatro fallecidos que llevamos en solo un mes”, señaló.
Para la legisladora de la oposición, la crisis de salud mental está intrínsecamente ligada a las deficientes condiciones laborales y de vida de los agentes. Armas Belavi contradijo la postura del Ministerio de Seguridad —que califica estos hechos como multicausales—, haciendo hincapié en que la mala paga, el desarraigo por las distancias que recorren para trabajar y el tiempo fuera del hogar desestabilizan cualquier vínculo familiar. Además, denunció el estado de las comisarías y dependencias: “Si uno entra a una comisaría, verá que no tienen condiciones dignas ni para sentarse a tomar mate”, graficó.
Otro de los puntos críticos mencionados fue la vulnerabilidad económica de los uniformados, quienes en muchos casos deben costearse su propio equipo. La diputada reveló que elementos como uniformes, borceguíes y chalecos son pagados por los mismos policías, e incluso mencionó que existen “vaquitas” entre el personal para cargar combustible en los patrulleros. Esta precariedad se combina con el peligro constante al que están expuestos, citando el reciente robo a una efectiva que fue golpeada y despojada de su arma reglamentaria y chaleco mientras se trasladaba hacia su puesto de trabajo.
Finalmente, Armas Belavi fue muy crítica respecto a la transparencia y ejecución del Programa de Salud Mental implementado por el Gobierno. Según relató, un pedido de informes presentado en julio del año pasado no obtuvo respuestas claras sobre quiénes dictan el programa o cómo se trabaja en las diferentes unidades regionales. Ante la falta de avances y la gravedad de las estadísticas de este inicio de año, la diputada adelantó que buscará reunirse directamente con el ministro de Seguridad y con Ignacio Paz, titular de Bienestar Policial, para exigir explicaciones y medidas concretas.
