La investigación por el funcionamiento del asilo clandestino de José Gollán al 10100, en barrio Nuevo Horizonte de la ciudad de Santa Fe, continúa avanzando con nuevas medidas de prueba. En ese marco, el fiscal Manuel Cecchini solicitó una prórroga de los plazos procesales para profundizar las diligencias que permitan localizar a la presunta administradora del establecimiento y reunir más evidencia antes de la audiencia imputativa.
Según informaron desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA), la búsqueda de la mujer continúa mediante distintas medidas investigativas, mientras el hombre que se desempeñaba como encargado del lugar permanece detenido.
La Fiscalía dispone de plazo hasta el próximo jueves para formalizar la imputación del detenido, mientras intenta avanzar también sobre la situación procesal de la mujer señalada como responsable del funcionamiento del hogar.
Buscan que todos los involucrados respondan ante la Justicia
Días atrás, el fiscal regional Jorge Nessier explicó que la intención del MPA es concretar la detención de la presunta administradora para que todos los involucrados puedan comparecer en el proceso judicial.
Con ese objetivo ya se realizaron distintos allanamientos, aunque hasta el momento no fue posible dar con su paradero.
En paralelo, los investigadores continúan recolectando documentación, testimonios y otros elementos de prueba que serán incorporados a la causa.
Investigan posibles delitos vinculados al manejo del dinero de los residentes
La pesquisa ya no se limita únicamente a las condiciones en las que funcionaba el establecimiento, sino que también busca determinar si existieron maniobras irregulares con la documentación y el patrimonio de los adultos mayores que permanecían alojados allí.
En ese sentido, la Fiscalía analiza información financiera para reconstruir el movimiento de cuentas bancarias y el uso de tarjetas de débito pertenecientes a los residentes, con el objetivo de establecer si hubo un aprovechamiento económico de las personas alojadas en el inmueble.
Asimismo, los investigadores intentan reconstruir el circuito mediante el cual los adultos mayores llegaban al establecimiento, incluyendo posibles derivaciones desde hospitales u otras instituciones.
Los residentes estaban encerrados cuando comenzó el incendio
Uno de los elementos que cobró relevancia en la investigación surgió de los primeros testimonios incorporados a la causa.
Según reveló el fiscal regional Jorge Nessier, las personas alojadas en el inmueble se encontraban encerradas con candado al momento en que uno de los residentes prendió fuego un colchón, hecho que desencadenó el operativo de rescate y permitió descubrir las condiciones en las que funcionaba el lugar.
Si bien los exámenes médicos realizados a los adultos mayores no detectaron signos de violencia física reciente, la Fiscalía considera que las condiciones de alojamiento eran “sumamente anómalas” e incompatibles con el funcionamiento de una residencia para personas mayores.
También revisan denuncias previas
Otro de los aspectos que analiza el Ministerio Público de la Acusación son las denuncias realizadas con anterioridad sobre el funcionamiento del establecimiento.
Nessier confirmó que se inició una actuación administrativa para determinar si las presentaciones efectuadas este año recibieron la respuesta adecuada por parte del organismo judicial.
“Si existió alguna situación que no haya tenido la debida atención por parte del Ministerio Público de la Acusación, se adoptarán las medidas administrativas y eventualmente disciplinarias que correspondan”, afirmó el fiscal regional.
La investigación también confirmó que el inmueble donde funcionaba el hogar no contaba con habilitación para alojar adultos mayores y que la mujer buscada ya había sido objeto de actuaciones judiciales durante 2025 por denuncias relacionadas con otros establecimientos de características similares.
Mientras continúan las medidas para localizar a la presunta administradora, la Fiscalía busca determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados y establecer si, además del funcionamiento irregular del lugar, se cometieron otros delitos en perjuicio de los residentes.
