Este viernes se llevó a cabo la audiencia de atribución de cargos contra el presunto autor del ataque ocurrido en la Escuela N° 40 de San Cristóbal, un adolescente de 15 años no punible. El juez interviniente resolvió que tanto lo expuesto en la audiencia como la resolución adoptada permanezcan bajo absoluta reserva.
El fiscal regional de la Quinta Circunscripción del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Carlos Vottero, informó que los padres de Ian Cabrera —la víctima fatal del hecho— decidieron no presenciar la audiencia. En cambio, sí estuvieron presentes la madre y la tía de los otros menores que resultaron heridos con perdigones.
Vottero expresó su pesar por la modalidad en que se desarrolló la instancia judicial, al señalar la ausencia física del adolescente acusado. “Lamento mucho, como fiscal regional y representante del MPA, la no presencia en la sala del autor”, sostuvo, y remarcó la importancia del principio de inmediatez en el proceso penal acusatorio. Si bien reconoció que en casos que involucran menores el acceso es restringido, consideró que la gravedad del hecho ameritaba su comparecencia presencial, pedido que fue rechazado por el magistrado.
En ese sentido, advirtió que la distancia —el joven participó de manera remota, a más de 200 kilómetros— afecta los objetivos del proceso. “No es lo mismo estar escuchando a las partes en una sala a metros de distancia que a través de una pantalla”, planteó, al tiempo que subrayó que este tipo de instancias buscan promover la reflexión, la responsabilización y la toma de conciencia.
Por su parte, el fiscal de la unidad de menores, Luis Schiappa Pietra, valoró la resolución judicial al indicar que se ajusta a lo solicitado por la Fiscalía en conjunto con organismos de Niñez y áreas del Poder Ejecutivo. “Estamos conformes. La resolución tomó una petición construida con el aporte de distintos organismos y se enmarca en medidas de protección personal y de terceros”, explicó, aunque aclaró que no puede brindar detalles debido a la reserva dispuesta.
Schiappa Pietra también destacó la complejidad de la investigación, que avanza sobre múltiples líneas. “Pudimos reconstruir parte importante de los momentos previos y posteriores a los hechos, pero es una investigación que va a continuar”, afirmó. En esa línea, indicó que no existe una pretensión punitiva sobre el adolescente por su condición de no punible, aunque sí se busca avanzar en su responsabilización.
Además, el fiscal reveló que el ataque habría tenido algún grado de planificación, atravesado por vínculos y relaciones en redes sociales, lo que constituye una de las principales aristas bajo análisis en la causa.
Tras ser consultado por la indagación de las redes sociales, el fiscal de menores dijo que “es una de las partes importantes de la investigación, nosotros hoy ya teníamos información muy contundente sobre la manera en que se venían dando estas comunicaciones, estas relaciones con otras personas que, obviamente, no tenemos al día de hoy la posibilidad de determinarlas porque es una forma de comunicarse en redes mucho más compleja de lo que nosotros creemos, con mecanismos de ocultamiento de identidades y en comunidades de redes muy cerradas también”.
Schiappa Pietra no descartó que haya cómplices en el hecho, “nosotros tenemos la responsabilidad de dar cuenta de todos los alcances que puedan estar involucrados, estamos investigando, por ahora no tenemos información concreta para transmitir respecto de ese punto. Pero son elementos que estamos considerando en esta investigación”.
La escuela seguirá preservada como escena del crimen
En relación al edificio de la Escuela N° 40, donde ocurrió el ataque, Vottero explicó que permanecerá bajo resguardo mientras avance la investigación. “Va a permanecer un tiempo resguardada. Estamos en contacto permanente con el Ministerio de Educación, que deberá resolver cómo canalizar el dictado de clases”, indicó.
El fiscal subrayó que, por el momento, prevalece la investigación penal por sobre cualquier otra decisión. En ese sentido, aclaró que la escena no será liberada hasta que el MPA considere que ya no es necesario realizar nuevas diligencias. “Se van a agotar todas las instancias investigativas vinculadas a este hecho”, concluyó.
El caso, que generó una fuerte conmoción en la comunidad de San Cristóbal, continúa bajo investigación mientras se desarrollan las medidas dispuestas por la Justicia en resguardo de las víctimas y del propio menor involucrado.
