Nicolás Carrizo, acusado en la causa por el intento de homicidio de Cristina Kirchner, tenía que ampliar mañana su indagatoria a instancias de la Cámara Federal porteña, pero la declaración se postergó para el 31 de enero. Es que la defensa planteó que quiere que sea la jueza María Eugenia Capuchetti, desde hoy de licencia, quien le tomara indagatoria. En el mientras tanto, Cristina Kirchner volvió a recusar a la jueza que instruye la dirección de la investigación, delegada en el fiscal Carlos Rívolo.
A fines de diciembre, la Cámara Federal había hecho lugar, en una resolución dividida, al pedido de la querella para volver a interrogar a Carrizo para mostrarle nuevas pruebas surgidas de los teléfonos de los implicados. En rigor, la Vicepresidenta buscaba que el llamado a indagatoria incluyera también a Brenda Uliarte y Fernando Sabag Montiel, sus dos atacantes, y que se los procesara a todos por asociación ilícita. Sobre ese punto, el fallo determinó: “Tal cuestión se encuentra dentro de la esfera de análisis y decisión de la señora jueza de grado en el momento oportuno y del Ministerio Público Fiscal a quien le fue delegada la instrucción de la causa”.
Lo cierto es que, como se trataba de mensajes nuevos encontrados en su teléfono que aludían a su presunto conocimiento del ataque, la jueza Capuchetti citó a Carrizo para el 5 de enero. Pero el abogado defensor, Gastón Marano, informó al juzgado que se encontraba de vacaciones y pidió una nueva fecha. El tramite se fijó para mañana, martes. Pero para esa altura, la jueza ya no iba a ser quien dirigiera el interrogatorio porque inició su licencia por vacaciones este lunes. Por ella está firmando su colega Julián Ercolini. La defensa planteó entonces que debía ser Capuchetti la que procediera a la nueva declaración.
Pero apenas retome ese día, Capuchetti también deberá de contestar el planteo que hizo esta mañana Cristina Kirchner en sus redes sociales. “Anoche se presentó recusación contra la jueza Capuchetti por su dependencia con el Ministerio de Seguridad de CABA, el mismo que cercó mi casa con vallas e hizo inteligencia en mi domicilio antes y después del atentado”, señaló la ex mandataria.
Había sido el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, el que, también vía redes sociales, cuestionó a Capuchetti por tener “un ‘trabajo’ rentado en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. El ministro de Seguridad y Justicia porteño, de licencia desde la semana pasada como consecuencia de la filtración de supuestos chats de su teléfono, le respondió a Soria: “De todos los absurdos de esta operación de inteligencia miserable, este es uno de los más increíbles: la jueza Capuchetti no ‘asesora’, da clases en el Instituto Superior de Seguridad Pública, que es un ente autárquico de formación policial”.
En su recusación, los abogados de CFK afirmaron: “Aún si Capuchetti efectivamente da clases e investiga en el marco del ISSP, es explícito que esto no tiene un fin académico, sino ‘apoyar a la conducción política’ del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De hecho, la Policía de la CABA tiene una dependencia académica, pero no es esta, sino el Instituto Universitario de Seguridad de la Ciudad. El ISSP, en cambio, no es una universidad. No depende de Educación, sino de seguridad”.
“Aquí se investiga el atentado perpetrado contra Cristina Fernández de Kirchner el 1 de septiembre de 2022. En la causa se investiga a los autores materiales y a los intelectuales del atentado, pero, también, a fuerzas de seguridad que pueden haber posibilitado, por acción u omisión, que suceda el hecho. En este sentido, la jueza impulsó con firmeza (aunque sin criterio) la causa CFP 3009/2022. Fiel a su alineamiento, a raíz de una denuncia ridícula, caratuló al legajo con el nombre del Ministro del Interior de la Nación, aun cuando no tiene absolutamente nada que ver con ninguna medida de prueba”, agregaron. Allí se investiga a la custodia de la ex presidenta que responde a la Policía Federal.
Sin embargo, la querella afirmó que “llamativamente, se olvidó de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, probablemente la fuerza de seguridad que con más contundencia debería haber investigado” y subrayó: “La policía de la CABA realizó un fuerte (e ilegal) operativo frente a la residencia de Cristina Fernández de Kirchner desde el 22 de agosto de 2022, día en que el fiscal (Diego) Luciani pidió la condena de la vicepresidenta. Desde esa fecha, el Ministro de Justicia y Seguridad de CABA, Marcelo D’Alessandro, dispuso una fuerte presencia policial en Juncal y Uruguay, por el mero hecho de que militantes políticos habían organizado una vigilia para apoyar a Cristina Fernández de Kirchner.”
“Las órdenes de D’Alessandro llegaron al punto de poner vallas para impedir que la gente se acerque al domicilio de la Vicepresidenta, situación que terminó con agresiones policiales injustificables y la detención de dirigentes políticos por el mero hecho de manifestarse. Ese día, sin embargo, hubo dos personas que sí lograron acercarse al domicilio de Cristina Fernández de Kirchner: Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte”, se afirmó.
Cristina Kirchner ya había recusado a la magistrada a fines de noviembre. También después del anuncio de la Vicepresidenta en donde, a través de un video, acusaba a la magistrada de paralizar la investigación. La querella se quejaba porque, a su criterio, no se había avanzando con la línea que involucra al lider de Nueva Centro Derecha Hernán Carroll y la pista Casablanca en donde se apunta al diputado del PRO Gerardo Milman, en base a lo que un asesor legislativo dijo haberlo escuchado decir en un bar del Congreso 48 horas antes del atentado: “Cuando esté muerta, yo voy a estar en la costa”.
La jueza rechazó los argumentos y defendió su investigación. Mientras delegaba la causa en manos de Rivolo, la Cámara Federal la respaldó y dispuso avanzar en esa línea y los teléfonos de las asesoras de Milman, en un tiempo limitado. Ahora eso también lo está discutiendo la querella. Mientras tanto, insistió en reclamar la recusación de la jueza en Casación. En ese contexto, aparece ahora esta nueva recusación contra Capuchetti.
