Una auditoría interna del PAMI detectó un esquema extendido de irregularidades en prestaciones oftalmológicas y ópticas que habría generado un perjuicio millonario tanto para el organismo como para sus afiliados.
El relevamiento, basado en cruces de datos del sistema de Órdenes Médicas Electrónicas (OME) y controles prestacionales, identificó patrones reiterados en distintas regiones del país, con casos en provincias como Buenos Aires, Entre Ríos, Santiago del Estero y La Rioja, además de ciudades como Concordia.
Entre las principales maniobras detectadas figura la sobrefacturación de anteojos: se recetaban lentes de baja graduación pero se facturaban como de alta complejidad, con valores hasta cinco veces superiores. También se identificaron “prestaciones fantasma”, es decir, consultas y estudios que no contaban con respaldo clínico, así como la manipulación de códigos para incrementar los montos facturados.
Otro de los mecanismos señalados es la existencia de circuitos cerrados entre profesionales y ópticas, donde se concentraban derivaciones en establecimientos vinculados, en algunos casos con relaciones familiares. A esto se suma el cobro indebido a afiliados por productos que deberían estar cubiertos, lo que derivaba en un doble ingreso para los prestadores.
Según el informe, estas prácticas no serían aisladas sino parte de un esquema sistemático replicado en distintos puntos del país. En algunos casos relevados, se registraron cientos de irregularidades por prestador y concentraciones de recetas muy por encima de los promedios habituales.
Las auditorías también derivaron en denuncias judiciales por presunta defraudación, falsificación de documentos y uso indebido de datos personales. Actualmente hay al menos seis causas en trámite en la Justicia Federal, impulsadas por el organismo junto a fiscalías especializadas.
En paralelo, el PAMI avanzó con medidas de control más estrictas, como el monitoreo permanente de prestaciones, auditorías continuas y validaciones de identidad para evitar irregularidades. Desde la conducción del instituto señalaron que el objetivo es fortalecer los mecanismos de control y garantizar que los recursos lleguen efectivamente a los jubilados.
El organismo, que cuenta con más de cinco millones de afiliados, es la obra social más grande de América Latina y se encuentra en un proceso de revisión integral de sus sistemas de prestaciones.
