El presidente Alberto Fernández anunció ayer la firma de un decreto por el cual ordena iniciar una acción judicial para lograr la nulidad de los contratos de concesión de las autopistas del acceso Norte y Oeste a las empresas Autopistas Del Sol SA (Ausol) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO).
“Son contratos que, a nuestro juicio, son absolutamente distorsivos y han generado un enorme daño económico al Estado nacional y, fundamentalmente, a los usuarios”, señaló el mandatario.
Los convenios fueron firmados en 2018 por la administración del entonces presidente Mauricio Macri. El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, recordó que ese año, el entonces presidente firmó dos decretos, los 608 y 607, de renegociación de los contratos de concesión y adjudicación de esos corredores viales. Esos acuerdos incluyeron un conjunto de acciones que, después de un minucioso análisis, la actual administración estableció como “de vicio y que determinan la nulidad absoluta”.
Estas acciones incluyeron una una dolarización al contrato de las autopistas sin que hubiera ningún componente que justifique esa medida.
Además, se determinó un ajuste del 8% anual, que le otorgaba a ambas empresas tener una rentabilidad extraordinaria. “En cualquier negocio o contrato de concesión de este tipo, por supuesto que no hay rentabilidad asegurada y sí riesgo empresario pero aquí se les otorgaba un privilegio con una rentabilidad en dólares actualizada al 8% anual”, planteó el ministro.
Los acuerdos firmados por las concesionarias Autopistas Del Sol y GCO con el gobierno anterior “comprometían” al Estado, con un impacto económico total para los usuarios de casi u$s 2.000 millones, informó el ministro.
Es que para cumplir la obligación de pago incluida en los acuerdos firmados, según la solicitud de actualización tarifaria presentada por Ausol y GCO en mayo pasado, la tarifa de peaje debería aumentar, en promedio, 20 veces en el Acceso Norte y más de 10 en el Acceso Oeste.
Así, en las estaciones “Debenedetti” y “Márquez”, del Acceso Norte, actualmente un automóvil paga en hora pico y de modo manual $ 80 pesos, una tarifa que fue fijada por Vialidad Nacional en febrero de este año. Conforme a la solicitud presentada por Ausol, esa tarifa debería ser de $ 1.830.
En la presentación, Fernández subrayó que el gobierno nacional “lleva adelante una política tendiente a ordenar el sistema de las autovías concesionadas”.
“Hemos recuperado para el Estado 7 mil kilómetros que estuvieron concesionados y hoy administra el Estado, con buenos resultados”, manifestó.
Además, anticipó que la demanda que el Estado presentará en la Justicia por la concesión de las autopistas de los accesos Norte y Oeste “seguramente será acercada como prueba en la causa penal por los peajes”, en la que se investiga la renegociación de contratos para la concesión de autovías durante el gobierno de Cambiemos. Se conoce como “autopistas del curro”.
Los decretos firmados durante el gobierno de Mauricio Macri tenían por objeto cancelar una supuesta deuda por parte del Estado de u$s 813.143.839,52, de lo cual u$s 540.522.269,52 corresponden a Ausol SA y u$s 272.621.570 a GCO SA.
Fuente: LaCapital
