El mercado aeronáutico vuelve a encender las alarmas. El juez federal Ariel Lijo ordenó en las últimas horas una serie de medidas de prueba para investigar la compra de decenas de aviones y helicópteros, privados y oficiales, con el visto bueno del Banco Central, que autoriza el giro de los fondos al exterior al dólar oficial. Tal como reveló Infobae hace dos semanas, la investigación había arrancado en la Fiscalía de Guillermo Marijuán, que ya recolectó varios informes oficiales, pero ahora se sumó su colega Eduardo Taiano y el juez Lijo a partir de una denuncia puntual.
En los últimos dos años se matricularon en el país 289 aeronaves, entre aviones y helicópteros. Pero apenas 159 de esas operaciones habrían pasado por el Banco Central.
La hipótesis inicial es que en algunas de esas compras hubo sobrefacturación, especialmente en las de mayor valor. “La maniobra empieza en el exterior. El comprador pide una factura con un precio más alto del real. Con eso, las empresas solicitan la autorización al Banco Central para comprar al dólar oficial y luego se concreta la transferencia. Cuando llega el avión al país, no se controla en la Aduana y termina siendo un negocio redondo”, explicó a Infobae un empresario aeronáutico.
Infobae reveló la investigación preliminar el 3 de febrero. Días después, el abogado Santiago Dupuy de Lome presentó una denuncia en Comodoro Py y el fiscal Eduardo Taiano impulsó la investigación. En ese expediente, el juez Lijo firmó órdenes de presentación -el paso previo a un allanamiento- dirigidas a la Inspección General de Justicia (IGJ), Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Dirección General de Aduanas, Banco Central de la República Argentina (BCRA), Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), y a la Secretaría de Industria Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa, del Ministerio de Desarrollo Productivo.
En su denuncia, Dupuy de Lome menciona el artículo de Infobae y acusa formalmente a la titular de la AFIP, Mercedes Marco del Pont, a la titular de la Aduana, Silvia Brunilda Traverso, al presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, y al ministro Matías Kulfas. Aunque los funcionarios no están mencionados en el requerimiento del fiscal Taiano, en los hechos quedaron imputados.
El abogado apuntó a los delitos previstos en los artículos 249, 277 y 265 del Código Penal. “Es evidente que en el caso planteado han existido violaciones a las normas que rigen a los funcionarios o empleados públicos en cuanto omitir un acto y la investigación que se solicita a V.S. es determinar si estas omisiones del BCRA, AFIP y la Dirección General de Aduanas, que se ha convertido en un eslabón clave para facilitar esta maniobra, se han efectuado en beneficio propio de los funcionarios a su cargo (art. 265 del CP). Todo ello sin perjuicio de la investigación que se impone por los delitos contenidos en los artículos del Código Aduanero”, dice la denuncia.
En paralelo, la investigación de Marijuán ya logró reunir algunos datos importantes. La ANAC informó que durante los últimos dos años se matricularon 289 aeronaves, entre aviones y helicópteros.
La enorme mayoría fueron adquiridos por empresas privadas y del sector aeronáutico. Apenas cinco tienen matrícula oficial: dos helicópteros y un avión comprados por la Gendarmería, un Lear Jet 60 registrado por la Secretaría General de La Pampa el 29 de enero de 2021, y un helicóptero modelo Airbus MBB-BK117 C2 a nombre del Ministerio de Seguridad bonaerense (es el organismo que administra la flota de la Provincia).
Aunque no tiene matrícula oficial, en ese listado también figura el Lear Jet 75 comprado el año paso por el gobernador de Catamarca Raúl Jalil. Según los registros oficiales obtenidos por Infobae, se pagaron USD 8.950.000.
Esa compra fue objetada por la oposición. “Lo más preocupante es que en un principio la licitación pública internacional Nº1/2020 se declaró ‘fracasada’, y para ella habían destinado un presupuesto oficial de $320 millones, lo que equivale a unos 4,2 millones de dólares. Curiosamente, meses después se acuerda la compra de la aeronave a la firma Learjet Inc. de Bombardier por un presupuesto que ‘mejora’ el presupuesto oficial estipulado por el Estado, fijado en 9 millones de dólares”, opinó el diputado provincial Tiago Puente (UCR).
El avión de Catamarca fue matriculado ante la ANAC el 17 de septiembre del año pasado, en plena pandemia, con la matrícula LV-JWN.
Entre los privados se destacan un Challenger 605 comprado por la firma Kube Aviación y dos Gulfstream Aerospace registrados por Baires Fly, una de las principales firmas de taxis aéreos.
La investigación recién comienza. Una línea de investigación apunta a una posible sobrefacturación. También habría casos de aviones comprados al dólar oficial que nunca llegaron al país. Y otros que están abandonados en los hangares privados.
Fuente: Infobae
