La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo avance judicial. El juez federal Ariel Lijo ordenó levantar el secreto bancario, fiscal y financiero del funcionario, de su esposa Bettina Angeletti y de una empresa vinculada a ambos, con el objetivo de analizar en detalle sus movimientos económicos.
La medida había sido solicitada por el fiscal Gerardo Pollicita, quien busca acceder a información sobre cuentas bancarias, tarjetas de crédito, inversiones, préstamos y otras operaciones financieras. Con esos datos, la fiscalía intentará reconstruir la evolución patrimonial de la pareja y verificar si los ingresos declarados se corresponden con sus gastos y adquisiciones.
El levantamiento del secreto abarca el período desde enero de 2022, lo que permitirá comparar la situación económica de Adorni antes y después de su ingreso a la función pública. Además, se requirió al Banco Central información detallada sobre todos los productos financieros registrados a nombre de los investigados, así como eventuales operaciones en billeteras digitales.
La decisión judicial también incluye el análisis de personas que figuran como prestamistas o acreedoras del funcionario y su entorno. En esos casos, se buscará determinar si contaban con capacidad económica suficiente para respaldar las operaciones consignadas en la causa.
Entre las medidas complementarias, la fiscalía solicitó a los organismos de control el envío de declaraciones juradas impositivas, datos laborales y previsionales, y registros de facturación. Asimismo, se requirió información sobre posibles reportes de operaciones sospechosas.
La investigación pone el foco en distintas operaciones inmobiliarias y en la adquisición de bienes, así como en movimientos financieros que podrían resultar relevantes para determinar si existieron inconsistencias patrimoniales.
Con este conjunto de medidas, la Justicia apunta a reunir elementos que permitan avanzar en la causa y definir si hubo irregularidades en el incremento de bienes del funcionario y su entorno cercano.
