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Bachelet afirmó que continúan las tensiones políticas en tierras venezolanas

10 de marzo de 2020


La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, actualizó hoy su informe sobre la situación de Venezuela, en el que expresó su preocupación por la medidas impuestas por Estados Unidos y ratificó que su oficina "sigue recibiendo denuncias de tratos cueles a los presos" en el país gobernado por el líder chavista Nicolás Maduro.

Bachelet afirmó que "continúan las tensiones políticas" en tierras venezolanas y que hay "tensiones entre fuerzas de seguridad y la población que se manifiesta pacíficamente" en las calles.

Además, remarcó el deterioro de la salud al manifestar que "sigue siendo urgente la atención de niños y niñas con necesidad de trasplantes", y señaló que 2,3 millones de personas "se encuentran en inseguridad alimentaria severa" y 4,9 millones "han abandonado el país".

Respecto de los presos, la ex presidenta de Chile sostuvo: "Mi oficina sigue recibiendo denuncias de tratos crueles".

Añadió que "también documentó agresiones contra manifestantes y periodistas. El 11 de febrero fueron agredidos al menos 11 periodistas en la llegada de Juan Guaidó al país".

"Hemos registrado allanamientos a sedes de partidos y ONG, y hemos documentados hostigamientos en contra de autoridades universitarias. Además, persisten restricciones a la libertad sindical", continuó Bachelet durante su intervención.

En cuanto a las medidas de Estados Unidos, hizo referencia a las "sanciones" contra el Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos S.A (Conviasa) y la estatal petrolera Pdvsa.

Por otra parte, el embajador de Venezuela ante la ONU en Ginebra, Jorge Valero, rechazó el informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos.

"Lamentamos que su presentación carezca del balance necesario, pues observa fallas metodológicas y utiliza información sesgada que puede alimentar la campaña mediática contra Venezuela", indicó Valero.

En esa línea, agregó: "Se pretende imponer un infructuoso mecanismo de monitoreo, cuya implementación cuesta más de dos millones y medio de dólares, para elaborar un informe plagado de mentiras. Constituye un irresponsable dispendio de los escasos recursos con que cuenta el Sistema Universal de Derechos Humanos".