En una decisión sin precedentes en la historia política brasileña, la Primera Sala del STF condenó este jueves a Jair Bolsonaro a 27 años y 3 meses de prisión por una serie de delitos cometidos tras su derrota electoral en 2022 ante Luiz Inácio Lula da Silva.
El tribunal lo halló culpable de cinco cargos principales, entre ellos intento de golpe de Estado, liderazgo de una organización criminal armada, tentativa de abolición violenta del Estado democrático de derecho, daño calificado al patrimonio público y deterioro de bienes protegidos. Los magistrados consideraron que, tras las elecciones de 2022, Bolsonaro y un núcleo de colaboradores urdieron maniobras para desacreditar instituciones, alentar desobediencia militar y, eventualmente, impedir la asunción de Lula mediante fuerzas ilegales.
El fallo fue adoptado por mayoría: cuatro de los cinco jueces votaron a favor de la condena; solo Luiz Fux se apartó, argumentando que el Supremo no tenía originalmente competencia para juzgar algunos de los cargos, dado que Bolsonaro ya no estaba en el cargo.
La pena total —más de 27 años— exigirá que Bolsonaro cumpla en régimen cerrado, por superar los ocho años de privación de libertad establecidos para ese tipo de condenas. También se impusieron multas por días-multa, y penas menores a otros acusados en la causa que integraron exministros, militares y antiguos colaboradores.
La defensa del expresidente reaccionó con rechazo: calificó la decisión como injusta, excesiva y anuncia apelaciones, incluso en instancias internacionales, alegando falta de pruebas o garantías durante el proceso.
Este veredicto marca un antes y un después en Brasil: por primera vez un expresidente es condenado por atentar judicialmente contra el orden democrático. La sentencia ya genera un fuerte impacto político, polarización social, y tensiones institucionales que podrían intensificarse si el fallo llega cerca del calendario electoral de 2026.
