El presidente de la República Federativa del Brasil, Jair Bolsonaro, se comprometió ante el vicepresidente electo, Geraldo Alckmin, con el proceso de transición gubernamental para permitir la asunción del mandatario electo, Luiz Inácio Lula da Silva, el 1° de enero próximo.
"El presidente reiteró compromisos de sus funcionarios respecto de la transición, marcada por la transparencia, la planificación y la previsibilidad", informó Alckmin a la prensa tras encontrarse con el presidente en el Palacio del Planalto, la sede del Gobierno, en Brasilia.
Alckmin estuvo en la casa del Gobierno reunido para iniciar la transición con el jefe de Gabinete de ministros, Ciro Nogueira, ocasión en la cual Bolsonaro conversó con él.
"Fue algo positivo, el Presidente me dijo que fuera hasta su oficina donde expresó la disposición del Gobierno para proveer informaciones para que la transición esté marcada por el interés público", dijo Alckmin.
Responsable de la transición
Lula designó a Alckmin al frente de la transición de Gobierno, acompañado por la presidenta del Partido de los Trabajadores, Gleisi Hoffmann, y el coordinador del programa del gobierno que ganó las elecciones del domingo, Aloizio Mercadante.
La declaración de Bolsonaro ocurrió después de que pidiera a miles de sus seguidores quienes se negaban a reconocer la victoria de Lula que interrumpieran las protestas con bloqueos de carreteras debido a que era una ilegalidad y causaba pérdidas a la economía.
Lula, quien gobernó Brasil entre 2003 y 2010, con una reelección en 2006, logró acceder a un tercer mandato al vencer a Bolsonaro en la segunda vuelta electoral del domingo 30 de octubre.
Las normas de la transición en Brasil
Los trabajos de la transición deben comenzar el próximo lunes en el Centro Cultural Banco do Brasil de la capital brasileña, como es tradición durante el cambio de gobierno.
Se espera que el presidente electo, Lula da Silva, llegue a Brasilia la próxima semana para participar de reuniones sobre la transición y con los presidentes del Senado, Rodrigo Pacheco, y de la Cámara de Diputados, Arthur Lira.
Durante el periodo de transición gubernamental, el equipo de gobierno saliente ofrece una gran cantidad de información del país a un equipo nombrado por el presidente electo, incluidas cuestiones económicas como gastos, deudas e ingresos en las arcas públicas.
Las normas del proceso fueron establecidas tras una iniciativa del expresidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), quien firmó un decreto para la transición, posteriormente aprobado por el Congreso y transformado en ley permanente.
En esa ocasión, la transmisión del poder ocurrió entre Cardoso y precisamente Lula da Silva, quien asumió el 1 de enero de 2003 su primer mandato de cuatro años y fue reelecto para un segundo mandato de 2007 a 2010.
Según la legislación, el equipo de transición tendrá acceso a la información sobre las cuentas públicas, programas y proyectos del Gobierno federal.
Los miembros del equipo de transición recibirán informaciones de diversas áreas como economía, salud, educación e infraestructura y ocuparán en el proceso los Cargos Especiales de la Transición Gubernamental.
La ley establece un límite de 50 personas para ocupar estos puestos. Los miembros del Gobierno saliente están obligados por ley a facilitar la información que solicite el coordinador del equipo de transición, así como a prestar el apoyo técnico y administrativo necesario para su trabajo.
Los retos de Lula
El equilibrio entre la política fiscal y las promesas de campaña para aumentar beneficios sociales, pensiones y el salario mínimo en 2023 y la atracción de inversiones, son algunos de los retos que tendrá el presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en su primer año de gobierno, remarcaron expertos consultados por la agencia de noticias Xinhua.
La transición para el cambio de mando de Jair Bolsonaro a Lula el 1 de enero se inició este jueves con la intención del gobierno electo de aumentar el espacio fiscal para cumplir con las promesas de campaña, como aumentar el valor de las ayudas sociales a los más pobres, el aumento del salario mínimo y las pensiones y la elevación del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias.
"Para cumplir las promesas él necesitará una enmienda constitucional en el Congreso para incumplir la ley del techo del gasto público de 2016", dijo Paulo Dutra, profesor de Economía de la universidad Fundación Armando Alvares Penteado.
Lula prometió hacer permanente el auxilio de emergencia de 600 reales (unos 117 dólares) que el gobierno de Bolsonaro entregará apenas hasta diciembre.
El interrogante de los economistas y del mercado financiero será cómo expandir el gasto en 2023, ya que la prioridad de Lula fue la lucha urgente contra el hambre, la renegociación de las pequeñas deudas de las familias sin acceso al crédito en el sistema financiero y el aumento del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias de los actuales 400 dólares a 1.000 dólares.
De acuerdo con Dutra, una alternativa para que Lula logre expandir el gasto será "terminar con el llamado presupuesto secreto en el Congreso y destinar esas partidas presupuestarias discrecionales a los gastos sociales promesas de campaña".
De igual forma, consideró que será clave la "credibilidad" del futuro equipo económico para la atracción de la inversión extranjera a Brasil.
"Esto puede permitir una caída del dólar y que tenga impacto positivo de reducción de la inflación. Podemos importar sin presiones porque puede sobrar espacio para una política fiscal contraccionista", subrayó Dutra.
No habría "ruptura económica"
Por su parte, Roberto Dumas, docente investigador de la universidad de negocios Insper, de Sao Paulo, señaló que la llegada de Lula no significará una "ruptura económica".
"Si fuera así, tendríamos una devaluación grande, igual esto no quiere decir que el Gobierno no tenga que tener una política fiscal. Porque con toda esa política social que Lula quiere aplicar, el mercado está dando una suerte de 'waiver' (promesa de pago futuro) para el explicar de dónde vendrá ese dinero, cuál será la disciplina fiscal", analizó.
El profesor consideró que la situación política no permitirá que el líder del Partido de los Trabajadores tenga una "luna de miel de 100 días", sino que deberá mostrar rápidamente el camino fiscal.
"Necesitamos saber cómo será el colchón fiscal del Gobierno. Otra cosa será la utilización de los bancos públicos con una política de baja del desempleo", evaluó.
Durante su campaña, Lula prometió créditos a micro y pequeños emprendedores por parte de los bancos públicos para reducir el desempleo y reactivar el mercado interno.
El riesgo de expandir el gasto, según Dumas, es que al final del proceso haya una mayor inflación que obligue al Banco Central iniciar un nuevo ciclo de aumento de la tasa de interés.
Se espera que Lula presente una reforma tributaria, "sin embargo lo principal es saber el nombre del ministro (de Economía).
Fuente: NA
