"Brasil hubiera podido hacer más. Podríamos haber empezado a vacunar en noviembre pasado", dos meses antes de cuando se inició una lenta campaña de inmunización, dijo Mandetta, primer testigo convocado por la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) instalada la semana pasada por el Senado.
Mandetta reveló que su ministerio elaboró "tres escenarios", en función de las respuestas que se dieran a la pandemia, cuando esta había causado menos de 1.000 muertes en Brasil.
"El escenario optimista daba de 30 a 40.000 muertos" antes del 31 de diciembre de 2020; el "realista sería de hasta 90.000 muertos y el más elevado era de 180.000 muertos", detalló. A fin de año, Brasil contabilizaba ya "más de 194.000 muertos", recordó.
“Lo que uno querría ver es consecuencias”, dice a RFI la epidemióloga e infectóloga de la fundación Fiocruz en Manaos, Flor Martínez. “Creo que hubo un choque con una creencia que el presidente tenía, que no era necesario tomar ninguna acción, porque en la medida en que la gente siguiera su vida de manera normal, inevitablemente se iba a infectar y se iba a hacer resistente a la infección. El problema era que cuando Bolsonaro más incentivaba esa posición, ya estaba muy claro, no solamente que la prevención era el aislamiento social, sino que el costo del no aislamiento, aunque fuera un porcentaje pequeño en términos de la población de Brasil, iba a ser un número de muertos increíble. Para que 70% de las personas se infectarán, por lo menos era necesario que muriera un millón y medio. Era un costo muy alto, pero él nunca retrocedió, ni siquiera cuando le mostraron todas las evidencias. Él no puede decir que no sabía. Es tan loco que Bolsonaro declaró una vez ‘pero es que los que se van a morir son los que se tienen que morir y punto’. Bolsonaro es el principal culpable de todo eso".
La comisión también interrogará al reemplazo de Mandetta en el ministerio, oncólogo Nelson Teich quien renunció menos de un mes después en medio del escándalo por ampliar el uso de la cloroquina y la hidroxicloroquina en los pacientes con Covid-19 cuando ya se había probado científicamente no solo la falta de efectividad, sino algunos riesgos de estos medicamentos.
“Bolsonaro siempre apoyó esos medicamentos”, dice Martínez. “Peor aún, en lugar de tener recursos disponibles para producir vacunas o insumos necesarios para tratar pacientes graves, sí se invirtió dinero en comprar esos tales kits [de medicamentos] y llevarlos a todo el país. En Manaos, al inicio de este año, el número de casos graves era tan alto que los insumos de hospitales de alta complejidad se fueron acabando rápidamente. Las necesidades específicas para cubrir esos pacientes que estaban internados o estaban unidades intensivas, no se les dio atención. Y lo que se trató fue de enfocar todos los recursos en un kit que tenía esos medicamentos, que hoy en día ya son probadamente ineficientes y aun así ellos todavía insisten. Es un negacionismo impresionante”.
El tercer convocado es el general Eduardo Pazuello, bajo cuya gestión, que duró hasta marzo pasado, se produjo la catástrofe de Manaos, la capital del estado de Amazonas, durante la cual decenas de personas murieron por falta de oxígeno en los hospitales.
Pazuello debía declarar el miércoles, pero el presidente de la CPI informó que podía posponerse, pues aguardaba una notificación de que el exministro entró en cuarentena tras estar en contacto con dos personas con covid.
Los últimos testimonios previstos de esta primera tanda son los del actual ministro, Marcelo Queiroga, y el presidente de la agencia reguladora sanitaria Anvisa, Antonio Barra Torres.
Entre los puntos a esclarecer figura la demora de la campaña de vacunación. Hasta ahora, el 14% de la población de este país de 212 millones de habitantes recibió la primera dosis y 6,7% la segunda, interrumpida en varios ciudades por falta del inmunizante.
Las labores de esta CPI tienen el potencial de complicar la reelección de Bolsonaro en octubre de 2022.
El relator de la Comisión, Renan Calheiros, afirmó la semana pasada que la investigación no impulsará "acciones persecutorias", pero que se imponía castigar "inmediata y emblemáticamente" a los responsables.
Brasil vivió en marzo y abril de este año los meses más letales de la pandemia. El promedio de decesos es de 2.384 en los últimos siete días, después de haber superado los 3.000 hace algunas semanas. La ocupación de las unidades de terapia intensiva está por encima del 80% en casi todos los estados.
Fuente: RFI
