Organismos de derechos humanos de la ciudad de Santa Fe nuevamente pidieron al fiscal general Martín Suárez Faisal que apele el fallo que ratificó la prisión domiciliaria al represor Jorge Balla, cuya condena se vincula a la masacre de la esquina de Ituzaingó y Las Heras en la que fueron asesinadas cinco personas. Desde los organismos consideran que la prisión domiciliaria a Balla es inconsistente, además de haber sido violada reiteradas veces.
"El Tribunal Oral Federal de Santa Fe resolvió que el sargento Balla continúe en prisión domiciliaria que es algo que nosotros habíamos cuestionado por múltiples motivos. En primer lugar, porque había violado las restricciones que impone la prisión domiciliaria. Había salido afuera, había amenazado a los vecinos con amenazas muy graves", dijo a Veo Noticias Hugo Kofman, integrante del Foro contra la Impunidad y por la Justicia.
Así como también, señaló que la medida es injusta porque "el otorgamiento del beneficio se da con el fundamento de problemas de salud".
"Se pidió una junta médica, se hizo y se designó un integrante de esa junta, el Dr. Oscar Pellegrini, que es un especialista que pidió la fiscalía, y en su dictamen figura claramente que está en condiciones de hacer su tratamiento en la cárcel", explicó.
Por otra parte, Kofman sostuvo que son "muy graves" las amenazas que Balla y su familia han hecho contra una joven pareja que vive al lado de la vivienda donde cumple con la prisión domiciliaria. "Les instaló en el techo de la casa una cámara que apunta hacia el patio como para decir 'a ustedes los tenemos controlados'. Todo eso también se reclamó y no hubo ningún tipo de respuesta", detalló.
Balla, condenado como autor de los asesinatos cometidos en la masacre de Ituizangó y Las Heras ocurridos en 1977, recién fue condenado en 2017 y estuvo solamente 18 meses en la cárcel. "Hay una cadena perpetua y hay un cumplimiento de un año y medio", expresó Kofman.
"Nosotros creemos que la pena efectiva que está cumpliendo no tiene proporción con los delitos que cometió", continuó, agregando: "El pedido que estamos haciendo es que haya una apelación a la medida".
"Las denuncias que se hicieron sobre incumplimiento de la prisión domiciliaria datan de filmaciones que se presentaron del mes de diciembre, y el TOF solamente analizó unos 20 días del mes de enero cuando estaba la custodia policial", concluyó.
