La Caja de Jubilaciones y Pensiones Municipal de Santa Fe atraviesa una delicada situación financiera. Según advirtió el abogado especialista en temas previsionales, Eduardo Coceres, el organismo registraba en mayo un déficit de $1.500 millones, cifra que se proyectaba a $3.000 millones para diciembre de este año. Ante este panorama, el intendente dictó una resolución para conformar una comisión de trabajo urgente.
Este equipo, integrado por representantes de la Municipalidad de Santa Fe, el gremio Asoem, el Centro de Jubilados y el Concejo Municipal, tiene como objetivo analizar las causas del desfinanciamiento y proponer soluciones inmediatas. “Fue una excelente medida para anticiparse al problema”, señaló Coceres en diálogo con este medio.
El análisis de la comisión
A diferencia del sistema provincial, la caja municipal agrupa a 51 municipalidades de segunda categoría y comunas adheridas. La ordenanza 6166 establece en su artículo 21 que, en caso de generarse un déficit, este debe ser soportado por cada una de las localidades que lo ocasionaron, en el porcentaje correspondiente.
Actualmente, de las 51 jurisdicciones, 26 presentan un balance negativo, incluida la propia Municipalidad de Santa Fe. “Hay otras que no tienen ningún tipo de déficit y que están tranquilas”, explicó el abogado, marcando la disparidad de realidades dentro del mismo sistema.
Acuerdos en marcha y un estudio clave
Frente a esta obligación, 15 comunas ya han firmado convenios de pago para hacerse cargo de su parte del rojo financiero, por un total de 86.000 millones de pesos. La Municipalidad de Santa Fe, por su parte, suscribió un acuerdo por $900 millones.
Paralelamente, la comisión trabaja sobre un cálculo actuarial realizado por la Universidad Nacional del Litoral (UNL). El estudio determinó que la relación entre trabajadores activos y pasivos es de 1,98, cuando lo ideal sería de 3 o 4. Según el informe, un aumento del 1% en los aportes de los activos podría equilibrar el sistema.
Pensiones y plantillas de personal en la mira
Otro de los puntos críticos que se revisarán es el régimen de pensiones. Coceres adelantó que se analiza restringir los criterios para su otorgamiento, ya que se basan en una ordenanza de 1904. “La vida ha cambiado y el rol de la mujer es diferente en la sociedad, no necesita tanta protección como a principios del siglo pasado”, argumentó.
Finalmente, se refirió a la reducción de personal en los municipios, lo que impacta directamente en los aportes. Si bien se derogó un artículo que obligaba a seguir pagando las contribuciones por los empleados dados de baja, la normativa actual exige que la comuna se haga cargo del déficit que esa reducción genera. “Era necesario encontrar una solución urgente, porque la Municipalidad estaba soportando totalmente el déficit”, concluyó el especialista.
