La investigación que comenzó luego del asesinato de Agustín de la Encina dentro de la cárcel de Piñero, ventiló varios datos importantes el último jueves. Las cámaras de seguridad de la cárcel registraron a dos celadores abriendo la puerta de la "jaula de seguridad" y permitiendo el acceso de un grupo de internos armados con facas que atacaron al joven y lo dejaron sin vida. En la audiencia, los acusados admitieron haber ejecutado la acción, pero aseguraron que cumplieron una orden dada por su superior, Hernán Peralta, quien también se encuentra bajo investigación.
El 13 de enero la familia de la víctima alertó a las autoridades penitenciarias sobre un rumor que circulaba en un grupo de WhatsApp: ese día, Agustín de la Encina sería asesinado. Pese a la advertencia, horas después el interno fue trasladado a una "jaula de seguridad" donde, minutos más tarde, un grupo de reclusos armados con facas ingresó y lo atacó brutalmente. La Fiscalía sospecha que el homicidio fue orquestado por la banda de Esteban Alvarado, quien responsabilizaba a la víctima por una pérdida de 32 kilos de cocaína en un operativo fallido. Un testigo de identidad reservada afirmó que se habría pagado una suma millonaria a los penitenciarios para ejecutar el crimen.
Los trabajadores del Servicio Penitenciario involucrados son los agentes Julián Aguirre y Gustavo Raimondi. El juez Fernando Sosa validó la imputación y dictó prisión preventiva por el plazo máximo para ambos, bajo los cargos de homicidio doblemente calificado por concurso premeditado de dos o más personas y abuso funcional, en calidad de partícipes primarios. Agustín De La Encina Cappelletti no era un preso común. Su historial delictivo comenzó en 2021, cuando fue detenido con 700 gramos de cocaína en un departamento de Rosario. Desde entonces, su nombre apareció vinculado a diversas causas relacionadas con el narcotráfico y la violencia.
