La resolución fue dictada por el juez de segunda instancia Oscar Burtnik, quien revocó la sentencia del magistrado Pablo Busaniche y consideró a Iván Reyes y Norma Vega responsables del delito de homicidio simple con dolo eventual, en lugar de homicidio culposo, como había establecido el fallo original.
De esta manera, Reyes recibió una pena de 8 años y seis meses de prisión, mientras que Vega fue condenada a 8 años de cárcel. Además, la Justicia dispuso una inhabilitación especial, por el doble del tiempo de las respectivas condenas, para que ninguno de los dos pueda tener perros bajo su cuidado.
La decisión representa un cambio sustancial respecto de la sentencia de primera instancia, que había impuesto penas de cuatro años de prisión para Reyes y tres años de ejecución condicional para Vega.
Si el nuevo fallo queda firme, ambos deberán cumplir las penas impuestas en un establecimiento penitenciario.
La muerte de Diego Román en Recreo
El caso se remonta al 3 de julio de 2019, cuando Diego Román, de 12 años, desapareció durante la tarde en la ciudad de Recreo, donde vivía junto a su padre, la pareja de este y sus hermanos.
Su cuerpo fue encontrado al día siguiente en un predio rural ubicado en inmediaciones del barrio Comunal 3, lindero a un campo propiedad de Reyes.
El hallazgo generó una fuerte conmoción y dio inicio a una investigación que, en sus primeras etapas, contempló distintas hipótesis sobre las circunstancias de la muerte.
Inicialmente, los investigadores evaluaron la posibilidad de que el niño hubiera sido víctima de un ataque perpetrado por personas. Sin embargo, el avance de las pericias y los estudios forenses permitió establecer que las lesiones que provocaron su fallecimiento eran compatibles con el ataque de una jauría de perros.
Los informes médicos determinaron que Diego sufrió múltiples heridas punzantes, desgarradoras y excoriativas, que le ocasionaron una hemorragia externa fatal.
En la investigación intervino incluso el Cuerpo Médico Forense de la Nación, cuyos estudios contribuyeron a esclarecer las circunstancias del fallecimiento.
Los perros que participaron del ataque
Durante el proceso judicial se estableció que los animales involucrados en el ataque estaban bajo el cuidado y la vigilancia del matrimonio Reyes-Vega.
La jauría estaba integrada por perros de diferentes razas y tamaños, entre ellos un rottweiler llamado Tronco; tres bóxer identificados como Jackson, Dorotea y Malevo; y otros ejemplares mestizos o cruza, conocidos como Beethoven, Tacuara, Mía, Chocolate, Uma y Negrito.
La investigación permitió reconstruir las circunstancias en las que se produjo el ataque y determinar las responsabilidades penales de quienes tenían a su cargo los animales.
Del homicidio culposo al homicidio con dolo eventual
El juicio oral por la muerte de Diego Román comenzó el 27 de mayo ante el juez Pablo Busaniche, en los tribunales de Santa Fe.
Luego de varias jornadas de audiencias, el magistrado dictó sentencia el 8 de junio y declaró a Reyes y Vega coautores penalmente responsables del delito de homicidio culposo.
Aquella resolución estableció una pena de cuatro años de prisión para Reyes y de tres años de prisión de cumplimiento condicional para Vega.
Sin embargo, el fallo fue apelado y llegó a la Cámara de Apelaciones, donde el juez Oscar Burtnik revisó la calificación legal y las penas impuestas.
La principal modificación fue considerar que la conducta de los acusados debía encuadrarse en el delito de homicidio simple con dolo eventual, una figura que contempla situaciones en las que una persona se representa la posibilidad de provocar un resultado fatal y, aun así, continúa con su conducta aceptando ese riesgo.
Esta interpretación implica una responsabilidad penal más grave que la establecida originalmente por homicidio culposo, figura vinculada a muertes ocasionadas por imprudencia, negligencia o incumplimiento de los deberes de cuidado.
Una causa que continúa su recorrido judicial
El proceso contó con la participación de querellas vinculadas a los familiares de Diego Román. El padre del menor estuvo representado por las abogadas Lucrecia Fernández y Vanina Fruttero, del Centro de Asistencia Judicial de Santa Fe.
Con la nueva resolución, la causa registra un cambio significativo en la valoración judicial de la responsabilidad de los propietarios de los perros.
De todos modos, la sentencia todavía deberá quedar firme para que las nuevas condenas puedan ejecutarse en los términos establecidos por la Cámara.
