La fiscal Ana Laura Gioria destacó la resolución de la Cámara de Apelaciones que modificó la calificación legal y elevó las condenas impuestas a Iván Mercado Reyes y Norma Elena Vega por la muerte de Diego Román, el niño de 12 años que fue atacado por una jauría de perros en julio de 2019, en la ciudad de Recreo.
En declaraciones radiales, la funcionaria del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien llevó adelante la investigación junto al fiscal Andrés Marchi, consideró que el fallo del camarista Oscar José Burtnik representa un avance importante para la causa, ya que reconoció los argumentos de la Fiscalía y de la querella sobre la responsabilidad de los propietarios de los animales.
La Cámara resolvió que el hecho debe encuadrarse como homicidio simple con dolo eventual, en lugar de homicidio culposo, como había determinado el juez de primera instancia. En consecuencia, incrementó las penas a ocho años y seis meses de prisión para Iván Mercado Reyes y a ocho años para Norma Elena Vega, en calidad de coautora. Además, dispuso una inhabilitación especial por el doble del plazo de las respectivas condenas para tener animales caninos a su cargo.
“Hay dos cuestiones muy importantes que se establecen. Por un lado, desestima los agravios de la defensa, con lo cual queda fijado con grado de certeza por segunda vez cómo fueron las circunstancias de modo, tiempo y lugar y cómo murió Diego Román”, explicó Gioria.
En ese sentido, destacó que el camarista también hizo lugar a los planteos de la Fiscalía, que había solicitado modificar la calificación legal y agravar las penas.
Dolo eventual: los propietarios conocían la peligrosidad de los perros
Uno de los aspectos centrales de la resolución fue considerar que los responsables de los animales conocían el riesgo que representaba la jauría y, pese a ello, no modificaron las condiciones en las que los mantenían.
Gioria explicó que, a diferencia del homicidio culposo, que contempla una conducta negligente o imprudente, el dolo eventual implica que los acusados conocían la posibilidad de que sus acciones ocasionaran un resultado mortal y asumieron ese riesgo.
“Existió una situación de dolo eventual. Un conocimiento por parte de los propietarios de los canes no solo de la potencial letalidad que tenía esa jauría, sino también de las posibles consecuencias que tenerlos podría ocasionar. Asumieron esa posibilidad y no modificaron ninguna de sus conductas”, sostuvo.
La fiscal remarcó que durante el juicio se acreditó que los perros habían protagonizado ataques anteriores contra otras personas y que incluso habían matado a un perro de un vecino.
“Los Reyes sabían de la potencial peligrosidad de sus animales porque ya habían atacado a otras personas y habían dado muerte a un pequeño perro de un vecino”, señaló.
También mencionó que en el ingreso al predio de la familia había un cartel que advertía sobre la presencia de animales. Sin embargo, las pruebas demostraron que los perros transgredían habitualmente los límites del terreno, sorteaban los alambrados o salían por la puerta y circulaban por la vía pública.
Para Gioria, esos antecedentes fueron determinantes para fundamentar la responsabilidad de los propietarios.
La búsqueda de Diego y el riesgo que no fue evitado
Otro de los elementos que valoró el camarista fue que los propietarios conocían que Diego estaba siendo buscado en las inmediaciones de su domicilio y, aun así, no modificaron las medidas de custodia y resguardo de los animales.
“Acá no existía la posibilidad de que a cualquier persona le ocurra algo. Ellos sabían, conocían que un niño estaba siendo buscado en las inmediaciones de su domicilio y, aun conociendo esa situación, no modificaron en nada la custodia y el resguardo que tenían que tener sobre los canes”, explicó la fiscal.
Según precisó, el grupo de animales que pudo ser relevado y sometido a estudios estaba integrado por entre siete y ocho perros.
Las condenas y la posibilidad de nuevos recursos
Con la nueva calificación legal, las penas impuestas a los dos responsables aumentaron considerablemente respecto de la sentencia de primera instancia.
Reyes recibió una condena de ocho años y seis meses de prisión, mientras que Vega fue condenada a ocho años. Gioria explicó que el incremento responde a las escalas penales previstas para el homicidio con dolo eventual, que son superiores a las correspondientes al homicidio culposo.
No obstante, aclaró que la resolución todavía puede ser recurrida por las defensas y que ese escenario debe contemplarse antes de que las condenas queden firmes.
“Existe un nuevo recurso que ellos tienen pendiente, que seguramente agotarán, para que esta sentencia sea a su vez revisada y confirmada, en el mejor de los casos para nosotros, por otro camarista”, indicó al ser consultada sobre la posibilidad de que los condenados comiencen a cumplir las penas en prisión.
Un fallo que puede sentar precedente
Por último, Gioria consideró que el caso puede tener relevancia jurisprudencial por la responsabilidad de los propietarios de animales potencialmente peligrosos y las consecuencias de no adoptar medidas para evitar ataques.
“Es un caso que por lo menos va a sentar un precedente. Entendemos nosotros que puede llegar a llamar la atención jurisprudencialmente”, manifestó.
La fiscal también valoró el reconocimiento que hizo el camarista sobre el trabajo de investigación desarrollado por el MPA. Según explicó, durante el proceso se analizaron distintas hipótesis sobre la muerte de Diego y se descartaron aquellas que no encontraron respaldo en las pruebas.
La resolución de Burtnik, que además desestimó los planteos de la defensa, ratificó la reconstrucción de los hechos sostenida por la acusación y modificó la responsabilidad penal de los dos condenados.
