El juez de la Cámara de Apelaciones, Jorge Andrés, dictó la nulidad de la condena impuesta a dos exempleados del Hospital Iturraspe de Santa Fe, Jorge Carnaghi y Belén Milessi. Ambos habían sido condenados en un juicio abreviado por apropiarse de dinero que debía destinarse como suplemento salarial para sus compañeros.
La decisión del camarista se centra en un tecnicismo legal clave: la maniobra investigada no constituye “estafa”, como se acordó en el abreviado, sino que corresponde al delito de “peculado”.
La diferencia clave: Estafa vs. Peculado
La resolución invalida la sentencia del 26 de diciembre de 2024, al entender que la calificación legal era incorrecta. El juez Andrés explicó que los empleados del hospital, si bien damnificados, no fueron víctimas de un “ardid o engaño” que los indujera a entregar su propio patrimonio, requisito indispensable para el delito de estafa.
El fallo aclara que “el capital desviado por los imputados eran fondos públicos que pertenecían a la Provincia de Santa Fe”. El dinero fue sustraído antes de que ingresara al patrimonio de los empleados, es decir, mientras aún estaba bajo la administración pública.
El juez concluye que la conducta de Carnaghi, un funcionario público que sustrajo caudales cuya administración le fue confiada, se configura como peculado (art. 261 del Código Penal).
Un abreviado cuestionado
Jorge Carnaghi era el responsable de la liquidación de pagos al personal y, según la investigación, entre 2020 y 2023 alteró los archivos bancarios para desviar fondos del denominado “Fondo del 30%”, que el hospital recibe por la atención a obras sociales.
En diciembre de 2024, Carnaghi fue condenado a tres años de prisión en suspenso por estafas, y Milessi a un año como partícipe secundaria. El acuerdo incluía una reparación económica de 42 millones de pesos (41 millones Carnaghi y 1.200.000 Milessi).
Este acuerdo abreviado fue apelado por los abogados querellantes, que representan a un grupo de damnificados. Desde el inicio, cuestionaron tanto la calificación legal como el monto de la reparación, el cual consideraron irrisorio: “Son 20 mil pesos para cada uno”, llegó a referir una de las damnificadas en la audiencia.
