La Cámara de Diputados volvió a encender la polémica en torno al caso $Libra. Este martes, la comisión investigadora resolvió enviarle un cuestionario al presidente Javier Milei, citar a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y convocar a más de una decena de funcionarios y empresarios. Además, aprobó un reglamento interno que prevé solicitar el auxilio de la fuerza pública en caso de incomparecencia de los testigos.
El presidente de la comisión, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), leyó el cuestionario que Milei deberá responder en un plazo de cinco días. Las preguntas apuntan a esclarecer su rol en la difusión de la criptomoneda: desde el origen del contrato que publicó en redes, la relación con los promotores del proyecto y su participación en reuniones en Casa Rosada, hasta el detalle de billeteras virtuales y vínculos con la empresa KIP Protocol.
La diputada Sabrina Selva (Unión por la Patria) impulsó la citación de Karina Milei, señalada en los chats de Hayden Davis como “nexo” en las negociaciones. También fueron citados el vocero presidencial Manuel Adorni, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, y empresarios como Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, entre otros. Se sumaron además funcionarios de la Oficina Anticorrupción, la Comisión Nacional de Valores y la Unidad de Información Financiera.
El reglamento aprobado habilita a la comisión a pedir al Poder Judicial que ordene la presencia de los testigos mediante la fuerza pública si no se presentan voluntariamente. Aunque el oficialismo y el PRO objetaron la medida por considerarla “invasiva”, la oposición consiguió los votos necesarios para avanzar.
En paralelo, el diputado Rodolfo Tailhade apuntó contra José Luis Espert, a quien acusó de haber promocionado una supuesta “Libra 2.0”. Según explicó, desde la cuenta del economista se publicó un contrato de la criptomoneda el 19 de marzo. Aunque luego se habló de un hackeo, Tailhade sostuvo que las explicaciones “no cierran” y pidió librar oficio a la empresa X para verificar los registros.
El caso sigue sumando tensión política. Mientras el oficialismo denuncia una embestida opositora para “ensuciar al Gobierno”, la oposición insiste en que el Congreso debe esclarecer el rol de funcionarios y allegados al Presidente en una estafa que salpicó hasta la Casa Rosada.
