En medio de nuevas revelaciones vinculadas al caso $LIBRA, el Gobierno nacional ratificó su decisión de no intervenir en la investigación judicial y buscó restarles impacto a los últimos elementos difundidos, que vuelven a poner el foco sobre integrantes del Gabinete.
La causa, que investiga una presunta estafa ligada a la promoción de una criptomoneda, sumó en los últimos días la aparición de un supuesto contrato que menciona al presidente Javier Milei, así como también la difusión de chats atribuidos a la ministra Sandra Pettovello con uno de los imputados.
A pesar de la repercusión pública y política, desde el entorno oficial aseguraron que no está previsto adoptar nuevas medidas. “El Ministerio está al margen de causas en trámite”, señalaron fuentes del área de Justicia, en línea con la postura de no involucrarse en expedientes judiciales en curso.
En paralelo, la Procuración General de la Nación, a cargo de Eduardo Casal, impulsó una investigación interna tras la filtración de información sensible del expediente. Incluso se avanzó con una denuncia penal para determinar responsabilidades en la difusión de esos datos.
Por su parte, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, aclaró que dicha presentación no fue promovida por el Poder Ejecutivo, sino por el propio Ministerio Público. En la misma línea, desde la Procuración del Tesoro remarcaron que no intervendrán, al considerar que no tienen competencia directa en el caso.
Mientras tanto, el tema escala en el ámbito legislativo. En el Congreso, una comisión investigadora ya comenzó a moverse para solicitar informes a funcionarios y exfuncionarios, en el marco de una ofensiva opositora que busca determinar eventuales responsabilidades políticas.
El expediente judicial tiene su origen en 2025, cuando el mandatario difundió en redes sociales la criptomoneda $LIBRA, presentada como una herramienta de inversión para financiar pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, la operatoria derivó en denuncias por presuntas maniobras fraudulentas que habrían generado pérdidas económicas a numerosos inversores.
Con el avance de la investigación, uno de los puntos bajo análisis es el vínculo entre funcionarios y los desarrolladores del proyecto, así como también el rol que tuvo la promoción oficial en la captación de usuarios.
Pese a este escenario, el Gobierno sostiene su postura de no intervenir y busca separar la responsabilidad institucional de las actuaciones individuales, mientras la causa continúa su curso en la Justicia y crece la presión política para esclarecer los hechos.
