Un documento incorporado a la investigación por la criptomoneda $LIBRA expone un posible vínculo entre el presidente Javier Milei y una empresa del ecosistema cripto, a través del trader Mauricio Novelli, figura central en la causa.
Se trata de una “carta de intención” fechada el 1 de agosto de 2024 y dirigida al mandatario, en la que la firma Cube Exchange Australia Pty Ltd propone la creación de una cooperativa de crédito en Argentina con una amplia serie de beneficios fiscales, regulatorios y operativos.
El texto, que no cuenta con firmas pero identifica a la empresa remitente, plantea el desarrollo de servicios financieros como cuentas de ahorro, créditos personales y empresariales, con el objetivo de fomentar la inclusión financiera. Sin embargo, uno de los aspectos que más llamó la atención es la mención al acceso a datos financieros —incluso anonimizados— provenientes del Banco Central y organismos fiscales para mejorar modelos de riesgo.
La propuesta también incluye un esquema de incentivos impositivos de gran alcance, como una exención fiscal por diez años y tasas reducidas en períodos posteriores, además de subsidios y beneficios para inversores. A esto se suma el pedido de aprobación acelerada de regulaciones en un plazo de 60 días.
Otro de los puntos relevantes del documento es la solicitud de contacto directo con organismos reguladores como el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores y la Unidad de Información Financiera, entre otros, con el fin de facilitar la implementación del proyecto.
La carta también menciona iniciativas de carácter institucional y académico, como la posible creación de un “Instituto Milei” en conjunto con la Universidad de Chicago, orientado a estudios financieros e innovación.
La aparición de este documento se da en el marco de la causa judicial que investiga el rol de Mauricio Novelli y sus vínculos con el entorno presidencial. Según el expediente, el trader habría actuado como intermediario entre empresarios del sector cripto y funcionarios, en un entramado que incluye contratos, reuniones y proyectos vinculados al uso de la imagen presidencial.
La investigación está a cargo del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, con intervención del fiscal Eduardo Taiano, y avanza con el análisis de comunicaciones, operaciones económicas y material digital secuestrado.
Si bien la carta de intención no implica la concreción de un acuerdo, su contenido suma un nuevo elemento a la causa, que busca determinar si existieron vínculos formales o beneficios indebidos en torno a proyectos financieros ligados al entorno presidencial.
