La causa que investiga un presunto esquema de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) entró en una etapa decisiva tras la apertura del servidor informático secuestrado a la Droguería Suizo Argentina. El fiscal federal Franco Picardi busca confirmar si la empresa, propiedad de Jonathan y Emmanuel Kovalivker, ejerció una influencia indebida en las decisiones internas del organismo estatal.
Hasta el momento, el juez Sebastián Casanello procesó a 18 personas por delitos de administración fraudulenta, cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública. Según la hipótesis judicial, funcionarios y empresarios habrían coordinado esfuerzos para direccionar contrataciones millonarias.
Los pagos millonarios bajo la lupa
La fiscalía sostiene que, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, la ANDIS funcionó como una “ventanilla de pagos” sin controles de transparencia. En este periodo, la firma de los Kovalivker resultó beneficiada con compras por un total aproximado de 55.000 millones de pesos.
En el expediente se incorporaron pruebas que sugieren una injerencia directa en el organismo:
-
Comunicaciones internas: Chats donde se mencionaba la necesidad de tener personal afín a “la bandera suiza” o “el helvético”.
-
Influencia administrativa: Presunta participación en decisiones sobre despidos y designaciones a través de exfuncionarios ya procesados.
-
Hallazgos en allanamientos: En un procedimiento en Nordelta, se encontraron 266.000 dólares y siete millones de pesos en el vehículo de uno de los empresarios.
Peritajes y próximos pasos
El análisis técnico del servidor permitirá reconstruir movimientos económicos y directivas impartidas desde la empresa hacia el Estado. A pesar de los intentos de la defensa por anular las actuaciones, la Cámara Federal de Casación confirmó que la firma seguirá bajo investigación debido a su recurrente aparición en los registros de la causa.
