En la audiencia de prisión preventiva realizada este jueves en los Tribunales de Santa Fe, la jueza Rosana Carrara dispuso la prisión preventiva para los tres abogados investigados como organizadores de la asociación ilícita que simulaba accidentes de tránsito. Los profesionales del Derecho a los que se les impuso la medida cautelar tienen entre 26 y 35 años.
Asimismo informaron que un empleado de un hospital público de la ciudad quedó en prisión preventiva domiciliaria el pasado domingo. Además, hay otras 13 personas que son investigadas y que transitan el proceso en libertad.
Los tres profesionales del Derecho que quedaron en prisión preventiva son PAM de 26 años; JMAA de 28 y GJM de 35. A los tres, las fiscales del MPA los investigan como autores del delito de asociación ilícita –en calidad de organizadores– y la coautoría de los delitos de estafas reiteradas y tentativa de estafas reiteradas. Además, a dos de ellos también se los investiga como autores del delito de cohecho activo.
Los tres abogados habrían participado de una asociación ilícita que simulaba accidentes de tránsito y reclamaba reparaciones económicas a las compañías de seguro.
Por su parte, un cuarto hombre cuyas iniciales son CDP y tiene 42 años, también fue imputado como autor del delito de asociación ilícita –en calidad de organizador– y la coautoría de los delitos de estafas reiteradas y tentativa de estafas reiteradas. Se trata de un empleado de un hospital público de la ciudad de Santa Fe, a quien ya el pasado domingo se le ordenó la prisión preventiva, la cual deberá cumplir de forma domiciliaria a raíz de problemas de salud.
Además de los cuatro organizadores, hay otras nueve personas que fueron imputadas el pasado domingo, a quienes se les atribuyó el delito de asociación ilícita –en carácter de miembros– y la coautoría de los delitos de estafas reiteradas y tentativa de estafas reiteradas. Por su parte, uno de estos nueve imputados es policía de la provincia de Santa Fe, y también se le endilgó la autoría del delito de cohecho pasivo.
Los nueve imputados recuperaron su libertad el pasado domingo, pero deberán cumplir normas de conducta –entre ellas, la prohibición de contacto entre sí– mientras continúa la investigación de su accionar.
