Leandro Sosa y Gastón Guerra, dos de los integrantes de Revolución Federal, pidieron declarar en la causa por la que están detenidos. Inicialmente, habían elegido el silencio en sus indagatorias a diferencia de sus compañeros de causa, Jonathan Morel y Sabrina Basile, que negaron las acusaciones en su contra.
Pero ahora la defensa pidió ampliar las indagatorias. Y el juez Marcelo Martínez De Giorgi los escuchará mañana por la mañana. Justamente, a la misma hora, las defensas están convocada a una audiencia en la Cámara Federal: allí reclamarán la excarcelación.
Fue por ese motivo que la defensa de Basile apeló que se concretara el traslado de su clienta el viernes pasado a un centro del Servicio Penitenciario Federal. La orden había sido dada desde el juzgado y el viernes la mujer fue llevada desde la sede de la Policía de Seguridad Aeroportuaria hasta la Unidad 28 del SPF, en la alcaidía de tribunales.
La hija del ex DT de la Selección llamó a su abogado Martín Sarubi, que reclamó que su clienta quedara en la PSA hasta que la Cámara Federal resolviera- “Llamativamente” el traslado se realizó “con caracter de urgente” y constituye “un agravamiento ilegítimo en las condiciones actuales”, dijo. El planteo fue aceptado.
Mientras tanto, Cristina Kirchner no será la única querellante en esta investigación. El juez Martínez De Girogi aceptó incorporar a la ex ministra Silvina Batakis, a raíz de la protesta que habían hecho integrantes de Revolución Federal en la puerta de la Quinta de Olivos el día que se anunció su designación. Allí, contó Basile, había conocido a Jonathan Morel. A Batakis la representará el abogado Alejandro Rúa.
Victoria Donda, titular del INADI, también había denunciado inicialmente a integrantes de esa agrupación por amenazas en su contra. Inicialmente la causa llegó a manos del juez Sebastián Casanello, que derivó el expediente por conexidad a Martínez De Giorgi. Su denuncia fue anexada y ahora su abogado pidió tomar vista del expediente, por lo que se descuenta que podría pedir ser querellante en el proceso.
En el caso se investigan las actividades de Revolución Federal. El fiscal Gerardo Pollicita imputó a cuatro integrantes del grupo por incitación a la violencia colectiva. Según planteó, las pruebas permiten tener “por corroborada la actividad desplegada por Jonathan Morel y Leonardo Sosa, quienes organizaron una agrupación de la que luego tomaron parte Gastón Guerra y Sabrina Basile —entre otras personas aún no identificadas—, y desde la cual llevaron a cabo un esquema delictivo que diseñaron para imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza y el temor”. A Morel y Sosa les sindicó un rol de organizadores y a Guerra y Basile como partícipes.
El Ministerio Público sostuvo que “se pudo corroborar que, a través de la agrupación Revolución Federal, en el período reseñado los nombrados alentaron e incitaron a la persecución y al odio contra determinadas personas a causa de sus ideas políticas, principalmente funcionarios públicos de la actual gestión del Poder Ejecutivo Nacional —Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa, Silvina Batakis, Victoria Donda, entre otros—, y en ese contexto atentaron entonces contra el orden público”.
Todos fueron detenidos el 20 de octubre pasado. En sus indagatorias Morel y Basile negaron las acusaciones y señalaron que ejercían su derecho a manifestarse y negaron vinculación con el atentado a Cristina Kirchner. Los otros dos se negaron a declarar. Están representados por la abogada Gladys Egui, quien alquila una habitación en la casa de Ximena de Tezanos Pinto, la vecina de Cristina Kirchner.
Egui aconsejó a sus clientes que se negaran a declarar, pero en las últimas solicitó la ampliación de sus indagatorias. El juez fijó la fecha para mañana, a las 9.30 y a las 10.30 de la mañana. La Cámara Federal tiene llamada a audiencia por las excarcelaciones de los cuatro acusados a las 10.45.
Mientras tanto, el juzgado abrió la investigación por la llamada ruta del dinero. Cristina Kirchner apunta a la contratación de la firma Caputo Hermanos, propiedad de hermanos de Luis Caputo, ex ministro del gobierno de Mauricio Macri, que le encargó trabajos de carpintería al flamante negocio de Morel por unos siete millones de pesos. “No hace falta ser un avezado detective para ver que hay algo extraño en que personas que, según sus dichos, aprendieron carpintería por Youtube, reciban una suma millonaria contratados por una de las principales constructoras y desarrolladoras del país, para hacer muebles para un proyecto en la provincia de Neuquén, desde su supuesto emprendimiento en Boulogne, provincia de Buenos Aires”, sostuvo la vicepresidenta.
La empresa, sin embargo, buscó alejarse de las sospechas: Rosana Caputo “identificó hacia fines del año pasado en la zona del Tren de Boulogne a un carpintero (Morel) para realizar una barra de bar en madera maciza y otras tareas para el salón de usos múltiples del barrio Santa Clara al Sur, dentro del presupuesto que se había decidido para ello”. “Este carpintero tenía maderas macizas (tablones) de buena calidad a muy buen precio (ciprés provenientes del sur). Así nació el interés por él, que cotizó las barras del bar para dicho barrio, unas mesas bajas y una mesa ratona. Hizo muy bien su trabajo”, señalaron en un escrito y aportaron todas las facturas con las fotos de los muebles.
El juez ordenó el levantamiento parcial del secreto bancario, con medidas pedidas a la AFIP y a distintas entidades crediticias, que permitan esclarecer esa hipótesis. Mientras tanto, esperan los resultados del análisis de los teléfonos y equipos que está haciendo la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Fuente: Infobae
