Si bien la segunda sesión de la Convención Constitucional debía realizarse a partir de las 15 horas, esto finalmente no ocurrió debido a una serie de deficiencias técnicas en las salas donde los 155 constituyentes debían sesionar.
Con una hora y media de retraso debido a los protocolos sanitarios, la sesión debió ser suspendida ya que, según acusaron algunos constituyentes, no existía el equipamiento mínimo para poder trabajar, como televisores, micrófonos y cámaras, generando indignación en algunos representantes del Colectivo Socialista y Apruebo Dignidad, quienes apuntaron directamente al Ejecutivo.
Esto, ya que responsabilizan al secretario ejecutivo de la de la unidad administrativa Convención Constitucional, Francisco Encina, así como al ministro de la Segpres, Juan José Ossa de querer entorpecer e incluso “sabotear” el proceso.
“Estas salas tenían que estar habilitadas y eso no fue posible, de ahí fuimos a una sola sala para poder sesionar, para poder tomar la decisión. La sesión fue suspendida por la mesa, en acuerdo con las personas que están, decidieron suspenderla hasta mañana para dejar tiempo a que estas situaciones, que debieron haber estado resultas hace meses o una semana, se resuelvan”, señaló el constituyente Jorge Baradit.
Por su parte, la constituyente por el Distrito 12, Beatriz Sánchez manifestó que “no hay condición ni sanitaria ni técnica para poder sesionar. La Mesa de la Convención Constitucional resuelve bien y decide suspender la sesión de hoy(…)la responsabilidad es del Gobierno, que hace semanas sabía que comenzábamos hoy y no había ni sistema de video ni audio habilitado”.
Desde el Colectivo Socialista en tanto, pidieron la renuncia del ministro Ossa “por el notable abandono de deberes y repetida falta de disposición hacia la Convención Constitucional”. En esa linea, a través de una declaración, agregaron que ” Responsabilizamos al gobierno de Sebastián Peñera por el permanente desinterés hacia el funcionamiento de la Convención”.
En ese mismo sentido, desde Apruebo Dignidad, junto con respaldar a la Mesa de la Convención y la decisión de suspender la sesión, exigieron al Gobierno a que “entregue explicaciones del caso a la Convención Constotucional y a todo Chile respecto a la negligente gestión del presupuesto de más de 850 millones de pesos destinados a la habilitación de los espacios de trabajo”.
Fuente: Radio U
