Diecinueve meses después de las masivas protestas sociales que estallaron en Chile y que dejaron una treintena de muertos, los chilenos acuden este sábado y domingo a las urnas para elegir a los 155 representantes que escribirán la nueva Constitución que reemplazará a la vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), para dar inicio a un nuevo ciclo político.
El 18 de octubre de 2019, Santiago experimentó violentos enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y manifestantes que protestaban por el aumento del precio del pasaje de metro.
El presidente conservador, Sebastián Piñera, declaró el estado de emergencia en la capital, asignando a un oficial militar a cargo de la seguridad pública. Al día siguiente, el 19 de octubre, miles de personas marcharon en Santiago contra la desigualdad, y estallaron nuevos enfrentamientos a pesar de la suspensión del aumento del precio del billete de metro.
Por primera vez desde el fin de la dictadura de Pinochet en 1990, miles de soldados están desplegados en las calles y se decreta un toque de queda nocturno en Santiago.
Los enfrentamientos y saqueos se suceden en Santiago y el estado de emergencia se extiende a varias regiones.
El hecho de que el presidente pidiera "perdón" y anunciara algunas reformas sociales no impidió una huelga general, que exigía "el regreso de los militares a sus cuarteles" y respuestas a la peor crisis social en 30 años.
El 25 de octubre, 1,2 millones de chilenos se manifestaron pacíficamente en Santiago. En los días siguientes se suspendió el toque de queda, se levantó el estado de emergencia y se sustituyó a un tercio de los ministros.
En noviembre, Chile renunció a su título de anfitrión de la cumbre económica APEC, del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, y la COP-25 sobre cambio climático.
El 15 de noviembre, las fuerzas políticas alcanzaron un histórico acuerdo para llamar a un referéndum que decidiera el cambio o no de la Constitución heredada de la dictadura, una de las principales demandas de los manifestantes.
La policía suspendió el uso de perdigones, que causaron cientos de lesiones oculares graves, mientras que el gobierno llamaba a la calma después de un recrudecimiento de la violencia.
A principios de diciembre de 2019, el gobierno presentó un plan de 5.500 millones de dólares. El presidente anunció una bonificación especial para 1,3 millones de familias. Y el Congreso aprobó un aumento de la pensión mínima de vejez.
El 13 de diciembre, la ONU denunció "múltiples violaciones de derechos humanos" por parte de la policía chilena.
En enero de 2020, el presidente anunció una reforma del sistema de salud, y luego una contribución del empleador a las cuotas de la pensión para la jubilación, que aún se discute en el Congreso.
A finales de enero, estallidos de violencia dejaron cuatro muertos después de un período de calma, salpicado de manifestaciones todos los viernes en Santiago.
El 23 de febrero surgieron enfrentamientos en Viña del Mar (centro) y luego -a principios de marzo- en varias ciudades.
El 18 de marzo, Chile declaró el estado de desastre ante la pandemia de covid-19, lo que llevó a un paréntesis en la disputa.
El referéndum, previsto para el 26 de abril, se aplazó al 25 de octubre 2020.
Ese día, con contagios bajo control y la mayor participación electoral de los últimos años (51%), la ciudadanía aprobó por un abrumador 80% un cambio constitucional y que el nuevo texto lo redactaran 155 representantes electos por votación popular.
Una semana antes, el 18 de octubre, en el primer aniversario de las protestas, decenas de miles de chilenos se manifiestaron en un día marcado por enfrentamientos y la quema de dos iglesias.
La elección de los constituyentes debería haberse realizado el 11 de abril, pero un nuevo aumento de los contagios de coronavirus obligó a aplazarlas por cinco semanas, al 15 y 16 de mayo.
Chile llega a la urnas con 8,7 millones de personas vacunadas por una primera dosis, y una cobertura de vacunación con ambas dosis del 48% de la población objetivo a inocular.
Fuente: AFP
