Tras ocho extensas jornadas de debate y la declaración de más de 30 testigos, el Tribunal Penal Oral de Valdivia condenó hoy al dirigente mapuche Facundo Jones Huala por el incendio de un fundo en la región de Los Ríos y por tenencia de arma hechiza en 2013.
El monto de la pena se dará a conocer el viernes próximo, a las 13, y la fiscalía no se opuso a que se compute el tiempo que el lonco permaneció detenido con prisión preventiva tanto en Chile como en la Argentina, como había sido sugerido por la Corte Suprema de nuestro país, al acceder a la extradición.
Los jueces determinaron por unanimidad que los indicios y pruebas reunidas por la fiscalía y respaldadas por dos querellas— una en representación de las víctimas y la otra, por el estado de Osorno— lograban formar la convicción y acreditar la participación del fundador de RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) en esos hechos.
La decisión judicial contradijo las absoluciones dictadas por otros dos tribunales que juzgaron a cuatro supuestos cómplices de Huala por los delitos de incendio y encubrimiento. Sólo la machi Millaray Huichalaf había sido condenada a 61 días de cárcel por el encubrimiento del ataque incendiario al fundo Pisu Pisué en la localidad de Río Bueno.
Este mediodía, el tribunal— integrado por los magistrados Carlos Flores Valenzuela, Guillermo Olate Aranguiz y Héctor Hinojosa Aubel—, leyó el veredicto, que fue repudiado dentro y fuera de la sala de audiencias por la familia y una cohorte de unos 50 mapuches que respaldan al lonco.
La resolución no puede ser recurrida por disconformidad con el veredicto. Sólo podría ser revisada eventualmente por una corte de apelaciones por cuestiones estrictamente procesales.
Tras conocida la resolución, el activista mapuche fue trasladado a la cárcel de Temuco.
El debate oral
Ninguna de las seis víctimas de la familia Riquelme, de origen mapuche y que describieron con evidente estrés postraumático cómo fueron despojados y arrancados de su hogar tras aquel ataque, identificó al lonco como autor de esos hechos. Sólo reconocieron vestimentas, capuchas y armas utilizadas en el ataque y secuestradas del domicilio de la machi Huichalaf donde pernoctaba Jones Huala.
Parte del material probatorio reunido por el fiscal Sergio Fuentes había sido obtenido gracias a la Ley de Inteligencia de Chile que faculta a la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) a investigar, previa autorización judicial, personas que puedan afectar a la seguridad interior. La violencia rural indígena está amparada por esa legislación.
Esa norma también permite que la información obtenida de esas pesquisas pueda ser usada en un juicio ordinario, una vez levantado su carácter secreto y reservado por expreso pedido del Ministerio Público Fiscal. Fue en esas circunstancias que el adalid mapuche, de 32 años y nacido en Bariloche, comenzó a ser investigado por la Policía de Investigaciones y la ANI.
Los jueces juzgaron como legítima esa prueba y sostuvieron que tras el desfile de testigos, las escuchas telefónicas, los seguimientos, elementos probatorios secuestrados y el cúmulo de pruebas reunidas por el fiscal acreditaban “razonablemente la participación de Facundo Jones Huala en calidad de autor del delito de incendio y de tenencia de arma hechiza”.
Este último elemento fue secuestrado por la policía “en el ámbito de resguardo” del lonco, según falló el tribunal.
Los alegatos de cierre
Tras los alegatos de cierre ayer, el fiscal había pedido una condena total a 15 años, mientras que la defensa demandaba una absolución.
A su turno, cuando le cedieron la palabra, Huala se dirigió a los jueces y señaló: “A pesar de tantas vejaciones que hay con mi pueblo en ambos lados de la cordillera, espero que en este país queden lugares que no estén corrompidos como en Argentina”.
Y subrayó: “Mantendré mi inocencia independientemente a lo que resuelva el tribunal” al reclamar justicia para el pueblo mapuche y que se erradiquen “los montajes políticos y policiales como la Operación Huracán”, y las muertes de los peñis “Camilo Catrillanca, Rafael Nahuel, entre otras vejaciones hacia mi pueblo”.
Planteados una serie de atenuantes por la defensa de Huala, ahora el Tribunal deberá establecer qué pena deberá cumplir. La fiscalía no manifestó objeciones a que se computen los casi dos años que Huala permaneció privadado de su libertad tanto en Chile como en la Argentina.
