La Convención Constitucional le puso punto final a su proyecto de nueva Carta Magna con la intención de entregarle a Gabriel Boric y a los chilenos un texto que garantice un amplio espectro de derechos sociales. "Hay una propuesta muy importante en materia, por ejemplo, de derecho al trabajo decente, con una remuneración justa y adecuada", detalla para RFI Jaime Bassa, quien fue vicepresidente de la Convención. "Lo mismo ocurre con otros derechos fundamentales de carácter social como son la salud, la educación y la seguridad social", agrega.
De ser adoptada la Carta Magna, Chile sería uno de los primeros países del mundo en incluir el aborto en la Constitución. También consagraría por primera vez un derecho al agua y a la vivienda. Hace además referencia a los derechos de los pueblos originarios.
En las protestas de 2019, la reforma del sistema de pensiones fue central. El borrador de la propuesta se conforma con declarar que “las personas mayores tienen derecho a obtener prestaciones de seguridad social suficientes para una vida digna”. Bassa apunta que si bien “no propone un sistema de pensiones como tal porque entendemos que eso es materia del legislador” sí reconoce la universalidad y el carácter solidario de la seguridad social. “De modo tal de que quienes más recursos tengan puedan efectivamente aportar en el financiamiento de las pensiones de quienes menos recursos tienen”, detalla el convencional.
La propuesta constitucional busca que las garantías sociales se desvinculen de los criterios del mercado. Jaima Bassa aclara que no bloquea futuros procesos democráticos y deja margen de maniobra a Parlamentos y gobiernos de distintos colores políticos. "Esta Constitución confía mucho en el margen que va a tener el legislador”, destaca el abogado constitucionalista, en medio de tensiones políticas entre partidarios y detractores del texto y una guerra de desinformación.
Su contenido polariza a Chile y todavía existe mucha incertidumbre sobre la aprobación de la propuesta. El próximo 4 de septiembre los chilenos deberán decidir, mediante un plebiscito de sufragio obligatorio, si acepta esta nueva Constitución o su prefieren guardar la actual, heredada de la dictadura.
Fuente: RFI
