El esquema fue presentado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, durante la Argentina Week en París. Contempla dos alternativas: un aporte no reembolsable de 350.000 dólares al Tesoro o la suscripción de un título público por 800.000 dólares.
El programa también alcanza a familiares del solicitante. Los cónyuges y los hijos solteros de entre 18 y 25 años deberán aportar 100.000 dólares, mientras que para los menores de 18 años se estableció un monto de 25.000 dólares. De esta manera, una familia integrada por dos adultos y dos hijos menores podría acceder al trámite mediante un desembolso total de 500.000 dólares.
Los principales interrogantes
Uno de los puntos que genera debate es la posibilidad de obtener la ciudadanía, y por lo tanto el pasaporte argentino, a partir de una contribución económica. Se trata de un mecanismo conocido internacionalmente como ciudadanía por inversión, aunque no todos los países que implementaron programas para atraer capitales ofrecen directamente la nacionalidad.
Especialistas y sectores opositores también plantearon dudas sobre los controles que deberán aplicarse para evitar que el sistema pueda ser utilizado para ingresar fondos de origen ilícito, ocultar patrimonios o facilitar operaciones vinculadas con personas de riesgo. El Gobierno asegura que habrá controles de identidad, antecedentes, situación financiera, origen de los fondos e historial migratorio.
La evaluación estará a cargo de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, con intervención de organismos como la SIDE, la Unidad de Información Financiera y los ministerios de Seguridad y del Interior. La decisión final sobre cada solicitud quedará en manos de la Dirección Nacional de Migraciones.
Otro de los debates está relacionado con el impacto económico real de la medida. El Gobierno sostiene que el programa busca atraer capitales y fortalecer la posición fiscal y financiera del país, pero sus críticos cuestionan si el ingreso de dinero será suficiente para compensar los riesgos asociados a un sistema de este tipo.
La iniciativa coloca a la Argentina entre los países que utilizan la ciudadanía como herramienta para captar inversiones extranjeras y abre una discusión sobre los límites entre política migratoria, atracción de capitales y acceso a la nacionalidad.
