El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, contraatacó en los tribunales al presentarse ante la Justicia bonaerense para denunciar que es víctima de una extorsión. En su escrito, apuntó contra el empresario Leandro Camani y los dirigentes de la Coalición Cívica (CC), Matías Yofe y Facundo Del Gaiso, a quienes acusa de montar una operación judicial y mediática en su contra.
La presentación, realizada ante el Juzgado de Garantías N° 7 de San Isidro, sostiene que las recientes investigaciones sobre su patrimonio —incluyendo el caso de la mansión en Pilar presuntamente adquirida mediante testaferros— no son hechos aislados, sino la consecuencia directa de haberse negado a autorizar un negocio estatal.
El origen: el negocio de las fotomultas
Según relata Tapia en un documento de 20 páginas, el conflicto se originó entre agosto y septiembre del año pasado, en el marco de su función como director de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana (CEAMSE).
El dirigente explicó que Camani, a través de la firma Secutrans S.A., intentó ampliar su dominio en el sistema de recaudación por infracciones viales, solicitando permisos para instalar y renovar cámaras de fotomultas en rutas y predios del CEAMSE. Tapia aseguró que su respuesta fue una negativa “expresa y categórica” ante lo que consideraba un manejo de fondos estatales de alto impacto.
“Me negué de manera expresa y categórica a autorizar tanto la instalación de nuevas cámaras como el recambio de las existentes, manteniendo una decisión firme”, afirmó en la denuncia.
La mecánica de la “represalia”
De acuerdo con el presidente de la AFA, tras el rechazo al contrato, comenzaron a llegar mensajes intimidatorios a través de intermediarios. La amenaza, según el escrito, planteaba una alternativa extorsiva: o se habilitaba el negocio, o se iniciaba una ofensiva judicial en su contra.
Tapia señala a Yofe y Del Gaiso como los “ejecutores instrumentales” de esta estrategia, supuestamente financiada y organizada por Camani. Para la defensa de Tapia, encabezada por el abogado Gregorio Dalbón, las denuncias impulsadas por los dirigentes de la CC sobre la propiedad en Pilar fueron la materialización de dicha amenaza.
“Lo que se denunció no es un hecho aislado. Estamos frente a una maniobra de extorsión estructurada: un pedido económico concreto, una negativa legítima y, como represalia, la activación coordinada de denuncias penales”, declaró Dalbón.
Pedido de allanamientos y protección de testigos
En su presentación, Tapia denunció además métodos invasivos, como el uso de drones para grabar su domicilio particular y exponer a su familia, buscando generar “temor y desgaste institucional”.
Como parte de la causa, la querella solicitó medidas de prueba contundentes:
- Allanamientos en domicilios y oficinas de Camani, Yofe y Del Gaiso.
- Secuestro de dispositivos (celulares y computadoras) para realizar pericias informáticas que permitan reconstruir el cruce de llamadas y mensajes.
- Declaración de testigos bajo identidad reservada, quienes habrían presenciado las amenazas o actuado como intermediarios.
El caso se inserta en una investigación paralela que ya existía contra Matías Yofe por extorsión, expediente al que ahora se suma el testimonio del titular de la AFA.
