La tensión entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Inspección General de Justicia (IGJ) alcanzó un nuevo pico de confrontación. Tras el pedido del organismo dirigido por Daniel Roque Vítolo para designar veedores que auditen las cuentas de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia lanzó un comunicado de siete puntos donde asegura que no someterá a la institución a lo que considera una “operación política” carente de sustento legal.
El eje del conflicto: ¿Sanción o control?
La IGJ justificó la intervención de veedores alegando “graves irregularidades” y la falta de entrega de documentación contable y financiera de los últimos ocho años. Sin embargo, desde la calle Viamonte respondieron con una “contradicción insoslayable”: argumentan que si las faltas fueran tan graves como afirma el Gobierno, la ley obligaría a aplicar sanciones directas (como multas o intervención) y no simplemente una veeduría “preparatoria”.
“Si no hay sanción, no hay gravedad. Si no hay gravedad, la veeduría es un capricho”, sentenció la AFA en el documento firmado por Tapia.
La mudanza a Pilar y la disputa por las SAD
Otro punto de fricción es el domicilio legal. Mientras la IGJ califica de “falsa” la sede de la AFA en Pilar (Provincia de Buenos Aires) por falta de oficinas operativas, la entidad rectora afirma que el cambio fue aprobado por la autoridad provincial competente y que la inscripción es un “acto administrativo válido”.
Para la conducción de la AFA, el trasfondo de esta medida no es administrativo sino ideológico. El comunicado vincula directamente el accionar de la IGJ con el proyecto del Ejecutivo Nacional para transformar los clubes en Sociedades Anónimas Deportivas (SAD):
- Debilitamiento institucional: La AFA sostiene que se busca minar su autonomía por ser la principal defensora del modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro.
- Intereses empresariales: El texto advierte que el fútbol argentino “no será cooptado por intereses que pretenden convertir a las instituciones en mercancía”.
Próximos pasos legales
La entidad confirmó que recurrirá a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y, de ser necesario, a la Corte Suprema de Justicia. Utilizarán como precedente el “caso Bullrich” de 2023, donde la justicia anuló una intervención de la IGJ sobre el instituto de la actual ministra de Seguridad por considerar que se había violado el debido proceso.
Por el momento, la batalla legal queda planteada: una AFA que se atrinchera en su autonomía bonaerense frente a una IGJ que insiste en que, en la “nueva Argentina”, no existen privilegios para ninguna asociación civil.
