Tras una audiencia acusatoria de ocho horas la jueza Paula Alvarez dictó prisión preventiva por el plazo de ley, es decir al menos dos años, para cinco acusados de haber participado en siete hechos delictivos, entre los que resaltan los asesinatos de los taxistas Héctor Figueroa y Diego Celentano, el colectivero de la línea K Marcos Daloia y el asesinato del playero Bruno Bussanich. Además de los asesinatos les fueron imputaron una intimidación pública contra la comisaría 15ª, tentativa de homicidio hacia víctima chofer de colectivo 122 y una bandera colocada sobre un puente de Oroño y Circunvalación.
Alejandro Núñez, alías “Chucky Monedita”, de 28 años; Brenda “La Cote” Pared, de 29; Gustavo Marquez, de 29; Macarena Muñoz, 28; y Axel Rodríguez, de 29, fueron acusados este martes por los fiscales Adrián Spelta, Patricio Saldutti y Franco Carbone. De los hechos también participaron personas menores de edad identificados como M.M de 17 años, M.C. de 16 y los menores no punibles D.M.G de 15, y C.N.T de 15, quienes actuaron junto a personas que aún no identificadas.
Esta mañana, el Ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, indicó que "esta primera líneas de ataques tiene como blanco, fundamentalmente a los dos taxistas asesinados. Luego viene, por otra línea de ataque, aparentemente vinculado a internos de alto perfil alojados en el Servicio Penitenciario Federal, si bien no llegaron a ser imputados en esta ocasión, pero surgen los nombres de Mansilla y Alvarado, presos en el Servicio Penitenciario Federal que por una videollamada habrían dado las órdenes a uno de los menores gestionados por esta banda criminal para que ejecute el hecho que termina con la vida del playero de la estación de servicio, el señor Bruno Bussanich.
Son dos líneas separadas, pero que en conjunto pretendieron llevar a cabo un plan, una orquestación para causar conmoción y así lograr extorsionar al Gobierno de la Provincia de Santa Fe y al Gobierno de la Nación para que el régimen penitenciario vuelva a ser un descontrol como lo era antes".
Y agregó que "de los que se ventiló en la audiencia, surge que a uno de ellos (menores) le habrán pagado por uno de los hechos 200 mil pesos, y por el segundo de los hechos, de los que hasta ahora tiene sindicado, 400 mil pesos; que además fue gestionada esta tarea con la intención que con ese dinero pudiera saldar una deuda con otro delincuente al que se le debía por una moto sustraída, que a su vez era robada, y como se la secuestró la policía, el delincuente reclamaba que le indemnizaran la moto que le habían robado siendo que él la había robado.
Por eso utilizan al menor de alguna manera presionándolo, lo digo sin justificar sino para explicar el contexto, para que acepte este segundo trabajado y saldar su deuda con este otro hampón".
Respecto a la posibilidad de bajar la edad de imputabilidad, el ministro expresó que "ese es un tema que debe resolver el Congreso de la Nación, nosotros entendemos que es un tema discutible. Si uno analiza la legislación en otros países o en entornos similares: primero, la edad no es que sea algo uniforme, hay países que según su realidad socio cultural tienen mayores o menores guarismos de edad.
Segundo consideraría que, tal vez, los menores que atraviesan la adolescencia tienen una menor capacidad reflexiva o plena responsabilidad, sí tienen acceso a un montón de interacciones sociales y un montón de información en comparación de lo que éramos a esa edad, tienen un mayor despliegue social y, tal vez, habría que pensar en un grado de responsabilidad diferenciada según el tipo de delito".
