La investigación por un presunto sistema de coimas dentro de la Planta de Verificación de Automotores de Esperanza continúa creciendo y ya alcanza a cuatro funcionarios policiales y a una gestora.
Este miércoles fueron imputados otros dos policías por el delito de cohecho pasivo, acusados de recibir dinero a cambio de confeccionar y aprobar Formularios 12 utilizados para transferencias de vehículos, presuntamente sin realizar la verificación física correspondiente de los rodados.
Con estas nuevas audiencias, ya son tres los policías formalmente imputados y los tres permanecerán en prisión preventiva durante 30 días.
Pero la investigación no termina allí.
El fiscal Exequiel Hernández confirmó que existe un cuarto funcionario policial bajo investigación, cuya audiencia imputativa está prevista para la próxima semana.
“Se les atribuyeron delitos de cohecho a otros dos funcionarios policiales que trabajaban en la Planta de Verificación de Automotores de Esperanza, precisamente por recibir dinero a cambio de confeccionar Formularios 12”, explicó Hernández.
Formularios firmados incluso en blanco
La investigación permitió reconstruir parte de la mecánica que, según la Fiscalía, se utilizaba para realizar las verificaciones irregulares.
Hernández explicó que los policías investigados habrían mantenido un acuerdo al menos con una gestora de una localidad cercana, quien llevaba semanalmente los formularios hasta la planta.
Algunos llegaban completos. Pero la Fiscalía detectó una modalidad todavía más grave: otros Formularios 12 habrían sido directamente firmados en blanco para que la gestora los completara posteriormente.
Todo esto se habría realizado sin que los vehículos fueran efectivamente presentados para la inspección obligatoria.
“En algunos casos ya estaban completos; en otros casos directamente los firmaban en blanco para que luego la gestora los complete”, detalló el fiscal.
De $25.000 a $50.000 por cada formulario
La investigación también permitió establecer cuánto se habría pagado por cada trámite irregular.
Según Hernández, existía una tarifa determinada por formulario que fue aumentando con el tiempo.
Inicialmente habría sido de 25.000 pesos, posteriormente pasó a 30.000 y finalmente habría llegado a 50.000 pesos para los automóviles y 30.000 para las motocicletas.
La gestora también fue imputada, aunque por una figura diferente.
Mientras que a los funcionarios policiales se les atribuye cohecho pasivo, por presuntamente recibir dinero para hacer o dejar de hacer algo relacionado con sus funciones, a la mujer se le atribuyó cohecho activo, por supuestamente ofrecer ese dinero.
Ya no hablan de 64 vehículos: serían muchos más
Otro dato surgido de la investigación amplía considerablemente la dimensión del caso.
Inicialmente se había informado sobre 64 verificaciones presuntamente irregulares. Sin embargo, Hernández aclaró que ese número correspondía solamente a un funcionario y durante un único mes: agosto de 2024.
“Son muchos más”, aseguró el fiscal.
La Fiscalía sostiene ahora que la maniobra habría funcionado al menos desde enero de 2024 y de manera ininterrumpida, con la participación sucesiva de diferentes funcionarios que trabajaron en la dependencia.
Incluso, Hernández no descartó que el mecanismo sea anterior.
“Seguramente se realizaba desde antes también; lo que sucede es que mientras más atrás nos vamos en el tiempo es más difícil recabar la evidencia”, explicó.
Al ser consultado sobre si podía hablarse de alrededor de 60 verificaciones irregulares mensuales, el fiscal respondió que “algunos meses son más”.
Una investigación que todavía puede ampliarse
El caso tiene además una consecuencia que excede el presunto pago de coimas.
El Formulario 12 acredita la verificación física de determinados datos identificatorios del vehículo dentro de los trámites en los que resulta obligatorio. Por eso, la investigación deberá establecer ahora cuántos formularios fueron confeccionados sin inspeccionar los rodados y qué vehículos terminaron siendo transferidos mediante esos trámites.
Por el momento, tres policías se encuentran imputados y en prisión preventiva por 30 días, mientras que un cuarto será llevado a audiencia la próxima semana.
La gestora, en tanto, ya fue imputada por cohecho activo.
Hernández precisó que el delito de cohecho contempla penas de uno a seis años de prisión y que, para los funcionarios acusados de cohecho pasivo, una eventual condena también puede implicar inhabilitación especial perpetua.
La investigación continúa y la cantidad definitiva de formularios presuntamente irregulares todavía no está determinada.
