Una de las grandes incógnitas que ha acompañado la vacunación contra el COVID-19 en el mundo tiene que ver con el precio que cada país pagó por ellas. Es una pregunta que aún no tiene respuestas claras, pues los contratos que firmaron con las farmacéuticas han permanecido confidenciales y con ellos el valor de cada dosis. Sin embargo, poco a poco han sido publicadas algunas pistas sobre esas sumas en algunos países. Colombia, entró a ese grupo gracias a una revelación que hizo el Instituto Anticorrupción y que muestra detalles del acuerdo al que llegó el Gobierno con Pfizer-BionTech y con AstraZeneca.
De acuerdo con el documento, publicado en Twitter por Camilo Encizo, director de ese Instituto, el Gobierno habría pagado US $12 (dólares) por cada dosis de Pfizer, es decir, alrededor de $35.000 (pesos colombianos), y US$ 6 por cada dosis de AstraZeneca (unos $20.000).
La revelación fue hecha luego de que el Consejo de Estado negó una tutela a Janssen en medio de un proceso jurídico que había liderado Encizo para que fuesen revelados los contratos de las vacunas. (En este artículo puede conocer más sobre ese proceso). Inmediatamente, como era de esperarse, generó inquietud al interior del Gobierno.
“Esos contratos no son cualquier contrato y no hay sentencia judicial en firme en tal sentido. Irresponsabilidad en el manejo de la información de las vacunas pone en riesgo el Plan Nacional de Vacunación y como tal la vida y la salud de los colombianos”, le respondió en Twitter Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de Presidencia, a Camilo Encizo. De hecho, el link original donde estaba publicado el contrato ya no funciona y no se puede acceder a él.
¿Pero qué secretos mostraba ese documento? En las 132 páginas hay varios detalles sobre los puntos fundamentales que pactó Pfizer con Colombia. Uno tiene que ver con la forma en que el Gobierno debía realizar los pagos y las condiciones para que fueran enviadas vacunas al país. Entonces, acordaron que el comprador debía dar un anticipo de US$19 millones 999 mil 980 (dólares).
“Pfizer”, se lee, “no estará en la obligación de despachar o entregar producto hasta no recibir el pago del anticipo y del precio de entrega”. Además, señala, el “comprador deberá pagar todos los montos adeudados en dólares americanos a Pfizer por cada lote de la vacuna a más tardar 10 días antes de la fecha estimada de arribo al puerto de ingreso a Colombia (…) El pago total de cada lote es condición para suministrar cada lote futuro”.
En caso de que el monto pactado no hubiese sido pagado en la fecha acordada, causará intereses del 5% por encima de la tasa LIBOR o la que la reemplace. En total, Colombia había firmado ese documento para adquirir 9 millones 999 mil 990 dosis. Hasta el martes en la noche, habían llegado al país 7 millones 814 mil 504 al país.
Otro de los puntos más llamativos es que, como se intuía, el Gobierno tuvo que renunciar a la posibilidad de hacer reclamos en caso de que Pfizer no cumpliera con el cronograma de entrega de las dosis compradas. “Bajo ninguna circunstancia Pfizer estará sujeta o será responsable de sanciones por demoras en la entrega”, escribieron en el documento. “Sin perjuicio de la Sección 4.4, el comprador reconoce que Pfizer no aceptará bajo ninguna circunstancia, ninguna devolución del Producto (ni de ninguna dosis del mismo)”, apuntaron.
Así mismo, Colombia, representada por Saúl Hernando Suancha Talero, representante legal de Fiduprevisora S.A., la cual administra el “Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres”, se comprometió a asumir de manera integral los “riesgos e incertidumbres conforme a las obligaciones de indemnidad”. Una de las razones, reconocían es que, en medio del proceso de desarrollo de la vacuna había incertidumbre.
En un apartado ambas partes dejan claro que la información que están consignando en el documento es confidencial. “Cada receptor y sus representantes deberán mantener bajo estricta reserva la información confidencial que disponen o que les haya sido entregada (..) y no la darán a conocer a terceros”, añaden. “Ningún receptor usará o dará a conocer dicha información confidencial, salvo lo permitido a la luz de este acuerdo”.
En el contrato son enfáticos en aclarar que por ningún motivo se puede revelar el precio de las dosis o cualquier información financiera: “El comprador no podrá revelar ninguna de las disposiciones de carácter financiero o sobre indemnización contenidas en este Acuerdo, incluido, sin limitación, el precio por dosis del producto o la posibilidad de reembolso del anticipo o cualquier información que pudiera fijar de manera razonable el precio por dosis del producto, sin consentimiento previo por escrito de Pfizer”, escribieron los representantes del Gobierno y de la multinacional.
Sin embargo, en caso de que se necesite revelar alguna información debido a una orden judicial, el Gobierno estaría en la obligación de advertir a Pfizer sobre esa solicitud antes de que sea mostrada. Así, “la parte reveladora puede pedir que se dicte una orden de amparo u otro alivio o dispensar el cumplimiento de las disposiciones pertinentes de este acuerdo”.
Fuente: El Espectador
