El Tribunal Oral Federal de Santa Fe comenzó a juzgar al ex diputado provincial Julio Adelaido Ramos por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar, cuando se desempeñó como Personal Civil de Inteligencia del Ejército en Santa Fe.
Ramos está acusado por la privación ilegal de la libertad y los tormentos sufridos en 1977 por Luis Felipe Solé, un joven estudiante de Ingeniería y militante peronista.
Solé había sido secuestrado a fines de 1975 y luego fue llevado a la Cárcel de Coronda. Conocía a Ramos de su militancia en la Juventud Universitaria Peronista (JUP) en la Facultad de Ingeniería Química, donde estudiaba. En marzo de 1977, el joven fue sacado de la cárcel y llevado a una casa quinta para ser interrogado y reconoció entre sus torturadores a Ramos, alias “Tipi”. Solé declaró que los interrogatorios insistían sobre dónde se encontraba su hermano, Alberto, quien fue secuestrado meses más tarde y continúa desaparecido.
A partir del testimonio de Solé por la desaparición de su hermano en el juicio “Megacausa Santa Fe” en 2015, se inició la investigación sobre el rol de Ramos durante el terrorismo de Estado, quien con la vuelta de la democracia se convirtió en una reconocida figura política: fue diputado provincial y luego concejal de la localidad santafesina de Vera. En este debate será juzgado por primera vez por crímenes de lesa humanidad.
Luis Larpin, integrante del Foro contra la impunidad, expresó que "No eran solamente espías que miraban y pasaban datos, era personal operativo. Así se demostró en la causa Barcos, que tenía las mismas tareas que Ramos y fue condenado porque secuestró y torturó a personas.
Esto fue una estructura muy grande que actuó durante muchos tiempo y es la responsable directa de la desaparición y muerte de más 70 personas en la ciudad de Santa Fe".
Felipe Solé, testigo y hermano de un militante desaparecido, explicó que esperan que Ramos pueda brindar información sobre dónde se encuentran los restos de su hermano. "Él iba a casa junto a su ex compañera que le decían "la Gringa", por eso lo pude reconocer"
Hoy en Argentina se están llevando adelante más de 10 juicios orales en diferentes provincias y la Secretaría de Derechos Humanos es querellante en dos de cada tres de esas causas. Desde la vuelta de la democracia, ya fueron condenados por la justicia más de 1100 genocidas.
