La Justicia de Santa Fe condenó a Marcelo Dellaporta, exsecretario de Participación Social del Ministerio de Salud de la provincia, a tres años de prisión de cumplimiento condicional por abusar sexualmente de una empleada de la cartera sanitaria. La resolución se dictó mediante un procedimiento abreviado, en el que el acusado reconoció su responsabilidad en el hecho.
El acuerdo fue alcanzado entre la defensa del exfuncionario, representada por el abogado Ignacio Alfonso Garrone, y la fiscal Vivian Galeano. La sentencia fue dictada por el juez Leandro Lazzarini, por lo que Dellaporta no irá a prisión, aunque deberá cumplir una serie de reglas de conducta durante el período de la condena.
Entre las medidas impuestas se encuentra la prohibición absoluta de mantener contacto con la víctima y de acercarse a menos de 200 metros de ella y de su domicilio. También deberá fijar residencia bajo supervisión de la Dirección de Control y Asistencia Pos Penitenciaria, no podrá portar armas y tendrá que abstenerse de consumir estupefacientes y abusar de bebidas alcohólicas.
Además, el exfuncionario deberá ser incorporado al Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual, conforme a lo establecido por la legislación vigente.
Cómo ocurrió el abuso en el Ministerio de Salud
El hecho investigado ocurrió a fines de octubre de 2024, entre las 7 y las 8.30, en las oficinas del Ministerio de Salud de Santa Fe, ubicadas en la intersección de 1° de Mayo y Juan de Garay.
De acuerdo con la reconstrucción judicial, Dellaporta sorprendió a la empleada en su despacho, la tomó de los brazos y la acorraló contra un armario. Luego intentó besarla sin su consentimiento y le realizó tocamientos en sus partes íntimas.
Tras lo sucedido, la mujer realizó la denuncia y se inició una investigación penal. En marzo de 2025, el fiscal Roberto Olcese imputó al entonces funcionario como presunto autor del delito de abuso sexual simple.
En medio del avance de la causa judicial, Dellaporta presentó su renuncia al cargo de secretario de Participación Social del Ministerio de Salud, que fue aceptada por el gobernador Maximiliano Pullaro cinco días después.
En aquel momento, el exfuncionario rechazó públicamente la acusación y calificó la situación como «injusta e inadmisible». Sin embargo, sostuvo que su salida del Gobierno era necesaria para permitir que la Justicia investigara la denuncia sin afectar al equipo de la cartera sanitaria.
Con la condena dictada en el marco del juicio abreviado y el reconocimiento del hecho, la causa penal quedó resuelta con una pena de tres años de prisión condicional.
