Este lunes 19 de mayo, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario confirmó la prisión preventiva del juez federal Marcelo Bailaque, acusado de extorsión, prevaricato, abuso de autoridad y presuntos vínculos con el narcotráfico. Sin embargo, la medida no se hará efectiva mientras el Consejo de la Magistratura no avance en su desafuero, ya que el magistrado mantiene inmunidad por su cargo.
Los camaristas Aníbal Pineda, Fernando Barbará y Elida Vidal dispusieron que la prisión preventiva se cumpla bajo la modalidad de arresto domiciliario por 90 días, fundamentando la decisión en el riesgo de entorpecimiento de la investigación, dado que Bailaque, en su rol de juez federal, podría influir en testigos o acceder a sistemas judiciales como el Lex 100.
Además, el tribunal redujo el embargo sobre los bienes del juez de $1.400 millones a $600 millones. Las causas que enfrenta Bailaque incluyen presuntas extorsiones a empresarios, beneficios otorgados a figuras del narcotráfico y manejo irregular de fondos de cooperativas portuarias.
El Consejo de la Magistratura tiene previsto tratar el caso el próximo 28 de mayo, y en caso de que se apruebe el desafuero, la detención domiciliaria podría hacerse efectiva.
Qué puede pasar de acá en más
El futuro inmediato del juez federal Marcelo Bailaque está en manos del Consejo de la Magistratura, que el próximo 28 de mayo analizará el dictamen de la Comisión de Disciplina y Acusación. Si el plenario aprueba el desafuero por mayoría especial, el magistrado perderá su inmunidad y la prisión domiciliaria dictada por la Cámara Federal de Rosario podrá efectivizarse de manera inmediata.
Además del desafuero, el Consejo podría avanzar en un pedido de destitución, lo que daría paso al juicio político en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Si ese proceso concluye con una condena, Bailaque no solo quedaría inhabilitado para ejercer como juez, sino que quedaría sin protección institucional frente a la Justicia penal, donde se lo investiga por delitos graves como extorsión, prevaricato y posibles vínculos con redes narco-criminales.
En paralelo, la decisión del Consejo será clave para definir cómo avanza la causa penal, ya que actualmente Bailaque conserva acceso a sistemas judiciales sensibles como el Lex 100, lo que genera preocupación en el fuero federal por la posibilidad de entorpecimiento de la investigación o presiones sobre testigos. En ese sentido, el proceso disciplinario y penal que enfrenta el magistrado podría marcar un antecedente relevante para el funcionamiento del Poder Judicial en causas complejas y de alto impacto institucional.
